La falta de rentabilidad, provocada por una cadena alimentaria descompensada, la dificultad al acceso a la tierra y el desmantelamiento del medio rural hacen completamente insuficientes los apoyos a los jóvenes dentro de la PAC
Si no les resulta atractivo a los jóvenes dedicarse a la agricultura y la ganadería, tenemos un problema, no sólo nosotros, sino toda la sociedad”
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar la serie de estudios del FEGA sobre ayudas directas y desarrollo rural según edad y sexo, con el de 2020 recién publicado, denuncia que no se ha conseguido una mejora frente al reto del relevo generacional en el sector.
Unión de Uniones destaca que en sólo 4 años el número de jóvenes agricultores ha disminuido en 12.000: mientras que en 2016 se contabilizaban 65.419 beneficiarios por debajo de los 40 años, en el informe de 2020 esta cifra apenas alcanza los 52.797.
La organización considera que pese al mayor apoyo que la política de la PAC da a los jóvenes, estos siguen cayendo en picado. En este sentido, bajo el paraguas de la PAC actual, un joven agricultor encuentra un mayor apoyo gracias al acceso a derechos de la Reserva Nacional, un pago complementario del 50% del valor medio regional a las primeras 90 hectáreas y ayudas específicas o mayor ponderación en las líneas de desarrollo rural. Además, en la futura PAC este apoyo se ve reforzado, con el pago complementario a las primeras 100 hectáreas con un 100% adicional del valor medio regional...
Unión de Uniones señala que si un negocio no es rentable poca gente va a querer incorporarse, más aún cuando va acompañado de importantes inversiones o exige constancia total como es el caso de la ganadería. “La mejor política de incorporación de jóvenes agricultores es una Ley de cadena alimentaria que realmente garantice una sostenibilidad económica mínima a los productores”, argumentan desde la organización.
Acceso a la tierra y a los derechos de pago
Asimismo, los jóvenes se enfrentan a otro factor totalmente limitante que sigue sin resolverse como es el acceso a la tierra y a los derechos de pago. En este sentido, el informe del FEGA indica que, de los beneficiarios que son personas físicas, casi el 40% (232.720 beneficiarios) alcanzaba en 2020 la edad de jubilación, concentrando el 27% de las ayudas directas a personas físicas.
Unión de Uniones destaca que este segmento probablemente reciba pensiones ínfimas y necesite continuar en la actividad para poder tener un mínimo nivel de vida, pero si desde la Administración se quiere facilitar el acceso a los jóvenes, la organización considera que se deberían adoptar mayores mecanismos de transferencia o cesión de explotaciones que liberen tierra y derechos y garanticen a su vez un apoyo suficiente al productor cedente que los planificados actualmente en el marco del Plan Estratégico.
Igualmente, la organización insiste en que la situación de abandono administrativo del medio rural tampoco ayuda para hacer más atractivo al sector. Así, destaca el estudio realizado por el Banco de España, que concluía que las áreas rurales españolas presentan una peor accesibilidad a servicios que sus homólogas europeas, mientras que las diferencias no son significativas en el caso de las áreas urbanas. “Si no les resulta atractivo a los jóvenes dedicarse a la agricultura y la ganadería, tenemos un problema, no sólo nosotros, sino toda la sociedad”, concluyen desde la organización.
