La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha inaugurado la jornada de presentación del programa de becas del Ministerio de Justicia para el acceso a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado.
"Con esta medida facilitamos el acceso a estas profesiones jurídicas a quienes tengan la capacidad necesaria para acceder a las mismas, con independencia de su situación socioeconómica", ha señalado Llop durante el acto, que ha tenido lugar en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
La ministra se ha referido al elevado coste que, según las encuestas realizadas por el CEJ, supone para estos profesionales y sus familias sacar la oposición, por ello, se ha introducido como criterio principal de concesión el de menos renta familiar. "Democratizar el acceso a estos cuerpos es dotar de una mayor calidad a nuestro sistema", ha asegurado Llop.
La titular de Justicia ha mostrado su satisfacción por este programa de becas porque cree "firmemente" en la igualdad de oportunidades, y un Gobierno progresista "debe pensar, antes que nada, en las personas, y así lo hacemos; es una cuestión social y de justicia", ha declarado.
Llop también se ha referido a la transformación digital en la que está inmersa la Administración de Justicia, que permite, según ha explicado, que esta preparación pueda impartirse en régimen de semipresencialidad, reduciendo la brecha territorial.
Compromiso con la igualdad
En la jornada, también han intervenido el secretario general para la Innovación y Calidad el Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y la directora del CEJ, Abigail Fernández.
"Creemos que es necesario llevar a cabo una reflexión profunda sobre los mecanismos de acceso a la función pública para adaptarlos a la sociedad actual, que ha cambiado profundamente en las últimas décadas", ha expuesto el secretario general.
Olmedo ha asegurado que, para el Ministerio de Justicia, este proyecto es una prioridad para mejorar el sistema de acceso a las profesiones públicas de Justicia. Además, este programa de becas demuestra el compromiso "claro" de este Ministerio y del Gobierno con la igualdad de oportunidades, "porque el talento no puede verse coartado por motivos socioenonómicos", ha dicho.
Por su parte, la directora del CEJ ha explicado cómo ha sido el proceso para diseñar y constituir este programa, en el que han trabajado "paralela y simultáneamente" en tres ámbitos de actuación: el normativo, el digital y el de recursos humanos, "siempre teniendo en cuenta las mejores prácticas".
Fernández ha destacado la importancia que en este proceso ha tenido la colaboración, tanto entre unidades dentro del Ministerio de Justicia, como con otros ministerios y órganos que han prestado su orientación y ayuda, como es el caso del Ministerio de Educación y Formación Profesional, o la Secretaría General de la Administración Digital.
En este sentido, en el marco de la jornada, ha tenido lugar una mesa redonda sobre la colaboración institucional en el diseño del programa de becas, con intervención de representantes del CEJ, de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
En definitiva, según la directora del CEJ, este programa de becas "es el fruto del compromiso social y democrático del CEJ con la ciudadanía y la sociedad como centro de formación de funcionarios de Justicia".
Programa de becas
El programa contempla un total de 245 becas, con una dotación global de 1,6 millones de euros. De ellas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes destinadas a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado. Cada beca está dotada con un total de 6.611 euros anuales.
Estas becas, que se convocarán con periodicidad anual, con la posibilidad de ser renovadas hasta en otras tres ocasiones, consistirán en ayudas económicas directas a los beneficiarios para dar cobertura a los gastos vinculados a la preparación de la oposición. Será necesario estudiar bajo la dirección de un centro especializado o mediante preparadores privados, siempre y cuando no sean familiares del solicitante y sean miembros de las carreras o cuerpos citados, o bien juristas de una comprobada trayectoria profesional.
Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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