Este descenso más acusado del déficit se logra sin aplicar recortes y apostando por reforzar el Estado del Bienestar al tiempo que otorga un importante margen para afrontar la respuesta derivada de la guerra en Ucrania.

El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2021 con un déficit del 6,76% del PIB, lo que supone 81.521 millones de euros, excluida la ayuda financiera. Se trata de una reducción del 27,9% respecto a 2020. Es decir, a pesar de que la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 se mantuvo durante el pasado ejercicio, el déficit disminuyó 3,31 puntos porcentuales de PIB, la mayor reducción de la serie histórica sin ayuda financiera.

Esta mejora significativa de las cuentas públicas se produjo sin adoptar políticas de austeridad ni de recortes sociales, sino reforzando el Estado del Bienestar e impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, al tiempo que se han empezado a sentar las bases del cambio del modelo productivo apoyado por los fondos europeos.

Si se incluye la ayuda financiera, el déficit de 2021 se sitúa en el 6,87% del PIB. En este sentido, hay que destacar que el impacto de la reclasificación de la SAREB ordenado por Eurostat el año pasado, que se realizó con efectos del cierre del ejercicio 2020 con un impacto en déficit de 9.873 millones, debe realizarse con efectos de la fecha de creación de la entidad. Esto es con efectos desde 2012.

Este cambio en la fecha de la reclasificación supone que el déficit de 2020 se reduzca respecto al comunicado inicialmente y se sitúe al final en el 10,27% del PIB con ayuda financiera y en el 10,08% sin ella. De esta forma, la reducción del déficit en 2021 es de 3,3 puntos porcentuales sin ayuda financiera, el mayor descenso de la serie histórica.

Además, los datos publicados hoy por el Ministerio de Hacienda y Función Pública muestran que la reducción del déficit ha sido más intensa de la comunicada por el Gobierno a la Comisión Europea en el Plan Presupuestario (8,4%) y a las estimaciones de todos los organismos nacionales e internacionales como el FMI (8,6%), la OCDE (8,1%), la propia Comisión (8,1%) o el Banco de España (7,5%).

Este hecho pone de manifiesto el buen comportamiento que han tenido los ingresos, así como a la contención del gasto por el menor impacto de la pandemia respecto al ejercicio anterior. Asimismo, la mayor reducción del déficit otorga más margen para afrontar el impacto derivado de la invasión rusa de Ucrania sin comprometer la recuperación económica y la senda de reequilibrio de las cuentas públicas.

A la hora de comparar entre ambos años hay que señalar que los datos se encuentran afectados en ambos, tanto en 2020 como en 2021, por la reversión al Estado de algunos tramos de autopistas de peaje al finalizar el periodo de concesión, cuyo mantenimiento posterior es asumido por el Estado. La reversión de 2020 y una parte de la reversión de 2021 han tenido un impacto neutral en el déficit, aunque sí han afectado al gasto y al ingreso por el mismo importe de 1.745 millones en 2020 y 948 millones en 2021, cuantías que reflejan el valor estimado de los activos incorporados al patrimonio del Estado.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la situación de pandemia ha tenido un impacto en las cuentas públicas del Estado y de todas las Administraciones Públicas durante todo el ejercicio 2021. Un efecto provocado, no solo por la crisis sanitaria, sino por las medidas adoptadas para proteger las rentas y el tejido productivo que se han prorrogado durante este ejercicio.

Déficit de las Administraciones Públicas

Por subsectores, la Administración Central cierra con un déficit de 72.133 millones (5,99% del PIB) sin contar las ayudas financieras; las CCAA registran un déficit de 334 millones (0,03% del PIB); las EELL alcanzan un superávit de 3.271 millones (0,27% del PIB); y los Fondos de la Seguridad Social un déficit de 12.325 millones (1,02% del PIB).

En el lado de los recursos, en términos de contabilidad nacional, los ingresos han aumentado un 13,2% (61.458 millones) debido fundamentalmente a los mayores ingresos fiscales (39.328 millones), así como a la positiva evolución de las cotizaciones sociales, que crecen en un 6,3%.

Por el lado del gasto, que se ha incrementado un 5,2% (excluida la ayuda financiera), caben destacar las siguientes partidas que provocaron este comportamiento: consumos intermedios (7,0%), remuneración de asalariados (4,9%), formación bruta de capital (8,2%) y resto de empleos (47,9%).

Previsiones presupuestarias cumplidas

Si se analizan los ingresos tributarios en términos de caja, los datos de la Agencia Tributaria muestran que en 2021 se cumplieron las previsiones de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado por primera vez desde 2010, lo que demuestra la prudencia y el realismo de las estimaciones del Gobierno.

En concreto la recaudación alcanzó el año pasado en términos de caja los 223.385 millones de euros. Una cifra en línea con los 222.107 millones previstos en los Presupuestos de dicho ejercicio. Así, se han logrado cumplir las previsiones de ingresos en la mayoría de grandes impuestos del sistema tributario.

En el caso del IRPF, la recaudación se elevó un 7,5% respecto a 2020 hasta situarse en los 94.546 millones. La mejora de este impuesto se debe a la gran evolución del empleo gracias a las medidas de protección de rentas adoptadas por el Gobierno a través de los ERTE y las prestaciones de cese de actividad.

El Impuesto sobre Sociedades aumentó los ingresos un 67,9% respecto al

año anterior y se situó en 26.627 millones. Esta mejora se debe al aumento de los beneficios empresariales, que se incrementaron un 73,8%, en línea con la mejora de la recaudación. Asimismo, los pagos fraccionados se elevaron un 53,7%. Por su parte, el IVA también mejoró su recaudación un 14,5% respecto a 2020 y se situó en los 72.498 millones gracias a la recuperación del consumo.

Los Impuestos Especiales crecieron un 5% respecto a 2020 al registrar 19.729 millones de euros. En este caso, cabe destacar la caída de la recaudación un 12,2% del Impuesto Especial de la Electricidad como consecuencia de la rebaja del gravamen del 5,11% al 0,5% a partir de mediados de septiembre. Esta medida se une a otras para reducir la carga fiscal del recibo de la luz, entre las que destaca la rebaja del IVA del 21% al 10% y la suspensión del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

Administración Central

La Administración Central registra un déficit del 5,99% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 1.298 millones. Si se incluye la ayuda financiera, el déficit de la Administración Central supone el 6,09% del PIB. Se trata de una reducción de 1,6 puntos porcentuales respecto al 7,7% registrado en 2020. De hecho, casi la mitad del esfuerzo de reducción del déficit de 2021 lo realiza la Administración Central.

Sin embargo, esa significativa reducción del saldo negativo ha sido compatible con aumentar un 6,6% las transferencias al resto de subsectores. En concreto, el Estado ha transferido, al margen del sistema de financiación, 35.051 millones a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, donde se incluye el fondo especial de 13.486 millones y los 7.000 millones de ayudas directas.

-El déficit del Estado equivale al 6,04% del PIB, lo que supone 72.735 millones.

-Los Organismos de la Administración Central registran un superávit de 602 millones, excluida la ayuda financiera. Si se incluye la ayuda financiera el superávit es de 541 millones de euros.

Déficit del Estado

En 2021, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 6,14% del PIB, frente al 7,56% existente en 2020, incluida la ayuda financiera. De esta forma, el déficit se sitúa en 73.972 millones, lo que supone un descenso del 12,8% respecto a los 84.799 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se debe a un robusto incremento de los ingresos no financieros del 20,3%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a mucho menor ritmo del 9,8%.

El déficit primario, descontando los intereses, se ha reducido un 18,7% hasta los 50.734 millones y representa el 4,21% del PIB, una reducción de 1,35 puntos respecto a 2020.

Los recursos no financieros se sitúan en 219.620 millones, lo que supone un 20,3% más respecto al mismo periodo de 2020. Destaca especialmente el fuerte crecimiento de los impuestos que alcanzan los 181.367 millones, un 21,4% más respecto a diciembre de 2020 debido a la reactivación económica.

Por su parte, los empleos no financieros del Estado se han situado en 293.592 millones, cifra superior en un 9,8% a la registrada en 2020.

El gasto COVID del conjunto de Administraciones Públicas alcanza en 2021 los 35.728 millones, inferior en un 19% a los 43.875 millones registrados en 2020. De ese total, el gasto COVID-19 asociado al Estado ha sido de 33.414 millones (es decir, el 94 % del total), de los cuales ha transferido a otros subsectores 27.232 millones. El gasto COVID de la Seguridad Social ha ascendido a 10.496 millones euros, inferior a los 27.831 millones de 2020, mientras que las Comunidades Autónomas han incurrido en un gasto COVID de 18.305 millones, por encima de los 13.360 millones de 2020. Finalmente, las Entidades Locales han ejecutado 745 millones de gasto COVID, por debajo de los 1.254 millones del año anterior.

La partida de mayor volumen, que son las transferencias entre administraciones públicas, ascienden a 182.159 millones, un 6,9% más que en 2020.

Las transferencias corrientes a la Administración Regional han ascendido a 108.600 millones, con un aumento del 6,3%. Esta evolución se debe al mayor volumen de recursos transferidos para hacer frente a la pandemia. De ellos, las transferencias de mayor importe son las correspondientes a la dotación adicional de recursos del artículo 117 de la LPGE 2021, con 13.466 millones en el caso de las Comunidades Autónomas y las de la Línea COVID de 2021 de ayudas directas a autónomos y empresas, con una cifra de 6.974 millones. Por su parte, las transferencias corrientes a la Administración Local han aumentado un 4,6% con 19.926 millones.

Los Fondos de la Seguridad Social han recibido 40.667 millones de transferencias corrientes, siendo necesario mencionar las destinadas a financiar la Dependencia, que aumentan un 44%, hasta los 2.131 millones, los importes destinados a la financiación del Ingreso Mínimo Vital, que han pasado de 432 millones en 2020 a 3.017 millones en 2021, así como los 2.785 millones para la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor.

La remuneración de asalariados crece un 3,1%. Esta rúbrica, que asciende a 20.173 millones, incorpora la subida salarial para este ejercicio del 0,9% frente a un incremento salarial del 2% en 2020. Por su parte, los intereses devengados crecen un 3,8% hasta situarse en 23.238 millones.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie han sido de 20.208 millones, con un incremento interanual del 5% afectado por el avance del gasto en pensiones de Clases Pasivas, cifra que recoge la paga compensatoria por desviación del IPC del año 2021 de aproximadamente 267 millones.

Las transferencias sociales en especie han aumentado un 53,1%, debido al incremento de las bonificaciones a residentes no peninsulares en la compra de billetes de transporte, marítimo y aéreo.

Por su parte la formación bruta de capital fijo, que aumenta un 17,7% en 2021 hasta los 7.288 millones, de manera que esta cifra incluye los importes correspondientes a la reversión al Estado de algunos tramos de autopistas de peaje al finalizar el periodo de concesión, cuyo mantenimiento posterior es asumido por el Estado, como ya se ha comentado.

Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social registran un fuerte descenso con un déficit al cierre del ejercicio de 12.325 millones, frente al déficit de 29.344 millones alcanzado en 2020. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 1,02%, mientras que en 2020 se alcanzó un déficit que suponía el 2,62%.

Este mejor comportamiento es consecuencia de un crecimiento de los ingresos del 6,8% (especialmente debido al buen comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento también del 6,8% y al aumento en un 7,2% de las transferencias recibidas del Estado) frente al descenso registrado en los gastos de un 1,8%, debido al menor gasto COVID 19 que ha pasado de 27.831 millones a finales de diciembre de 2020 a 10.496 millones en 2021.

Esta reducción se ha compensado, en parte, con el mayor gasto en pensiones, que aumentan en un 4,7% y con otras prestaciones relacionadas con los autónomos, que han pasado de 1.112 millones en 2020 a 2.131 millones en 2021, entre otras causas.

Durante 2021 las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social han continuado estando afectadas por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia del COVID-19 y las numerosas medidas adoptadas para paliar sus efectos. No obstante, la favorable evolución alcanzada con la recuperación de la actividad y sobre todo desde que se inició el proceso de vacunación, ha motivado una reducción del impacto económico de la pandemia en las operaciones de este subsector.

El Sistema de Seguridad Social registra en 2021 un déficit de 11.536 millones, frente al déficit de 15.260 millones registrado en 2020. Los recursos han ascendido a 171.856 millones, registrándose un crecimiento del 7% de las cotizaciones sociales. Por su parte, en lo que respecta al gasto, que alcanza los 183.392 millones, se corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que crece en un 4,7%.

Destacan los datos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que ha obtenido un déficit de 900 millones, inferior en un 93,7% al del año anterior. Este comportamiento se debe, en gran medida, al descenso del conjunto de prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTES y otras medidas COVID que alcanzan los 5.180 millones, mientras que en 2020 el gasto se elevó a los 14.120 millones. El resto de las prestaciones de desempleo se reduce en un 7,2% respecto al año anterior. El número de beneficiarios de las prestaciones de desempleo a finales de diciembre se ha reducido un 19,9% respecto a 2020.

El FOGASA presenta un superávit de 111 millones, frente a los 150 millones registrados en 2020.

Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas han logrado cerrar con equilibrio presupuestario al registrar un saldo negativo de apenas 334 millones, lo que supone el 0,03% del PIB, frente al déficit del 0,22% de 2020. Esta reducción se debe a las medidas adoptadas por el Gobierno cuyo objetivo ha sido el de garantizar los recursos necesarios a las CCAA para atender los gastos derivados de la prolongación de la situación de emergencia provocada por la COVID-19, asumiendo con ello una parte significativa del déficit de este subsector, y a la buena evolución de los ingresos impositivos derivada de la recuperación de la actividad económica.

Los ingresos de la administración regional aumentan un 9,6% interanual, es decir, 19.672 millones. Este incremento se debe, principalmente, a la mayor financiación recibida del Estado, que se ha elevado un 6,6% hasta los 110.538 millones. De hecho, las transferencias recibidas del Estado representan el 49,3% de los recursos del subsector.

De esta forma, si las CCAA no hubieran recibido los recursos extraordinarios del Estado como han sido el fondo de 13.486 millones o las ayudas directas de 7.000 millones, en vez de lograr un incremento de los recursos del 9,6% habrían registrado una caída del 0,4%.

Esta mayor disponibilidad de recursos de las CCAA se debe también a los 3.520 millones recibidos del Fondo REACT UE, sin contrapartida en 2020.

También se han incrementado un 6,4% los recursos impositivos, sobre todo los impuestos sobre la producción y las importaciones, que crecen un 31,8% por la favorable evolución en la recaudación de figuras tributarias como el ITPAJD y del IVA, que aumenta en un 43,8%, reflejo del incremento de transacciones económicas consecuencia de la buena marcha de la actividad económica.

Respecto al gasto no financiero, que aumenta un 8,5%, destaca la remuneración de asalariados con un aumento del 5,6%, lo que supone 4.833 millones más, debido a la revalorización salarial y al aumento de las plantillas para combatir la COVID-19 a lo largo de todo el ejercicio.

Los consumos intermedios crecen un 6,7% hasta situarse en 36.275 millones. De este incremento, 1.183 millones se deben al registro del consumo de las vacunas puestas a disposición de las Comunidades que son las administraciones competentes para su inoculación, si bien el gasto derivado de la adquisición de las vacunas corresponde al Estado, registrándose así en sus cuentas.

Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 5,6%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia. Las subvenciones se incrementan un 20,2% debido en parte por las ayudas al transporte y las prestaciones sociales crecen un 7,5%.

Por su parte la formación bruta de capital aumenta un 7,7%, mientras que los gastos incluidos en el resto de empleos crecen 4.983 millones, como consecuencia de las ayudas para la solvencia empresarial en el contexto de la COVID-19

La distribución del déficit del subsector por Comunidades Autónomas es la siguiente:

A cierre del ejercicio hay diez Comunidades Autónomas que registran superávit: Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra, La Rioja y País Vasco.

En lo que respecto a los gastos COVID, de acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas a finales de diciembre, alrededor de 18.300 millones corresponden a gasto derivado de la pandemia, en su mayor parte de carácter socio sanitario, educativo y de ayudas directas a autónomos y empresas, principalmente las correspondientes a la línea COVID.

En concreto, el gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19 asciende a 7.218 millones, tal y como recoge el siguiente cuadro:

Entidades Locales

La Administración Local presenta un superávit de 3.271 millones, lo que representa un 0,27% del PIB, algo superior en términos absolutos al registrado en 2020 (2.922 millones), que se situó asimismo en un 0,26% del PIB. Este subsector ha venido registrando superávits desde 2012, frente a un objetivo de estabilidad presupuestaria que se fijaba en el 0%.

Analizando el comportamiento de los ingresos se observa que éstos han experimentado un incremento del 7,4% con respecto a 2020, lo que supone un incremento de 5.507 millones. Una mejora motivada por los mayores recursos impositivos, que crecen en un 7,7% reflejando la mejoría de la actividad económica.

La segunda fuente de financiación corresponde a las transferencias recibidas de otras administraciones públicas con 30.641 millones, cifra superior en un 6,7% a la de finales de 2020. Este aumento se debe, principalmente, a los mayores recursos recibidos del Estado, un 5,1% superiores a los de 2020.

Por su parte los gastos experimentan un aumento del 7,2%. Los principales incrementos se han producido en la remuneración de asalariados, que crecen un 4,8%, los consumos intermedios aumentan un 5,1%, las transferencias entre AAPP se incrementan un 9,2% y, por último, la formación bruta de capital crece un 19,1%.

De acuerdo con la información transmitida por las Corporaciones Locales, el gasto asociado a la COVID 19 ha sido de 745 millones, inferior a los 1.254 millones de 2020.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia