El arrestado era el cerebro y artífice de numerosas estafas cometidas por el método del timo del “nazareno”, consistente en ganarse la confianza de proveedores hasta realizar una gran compra de productos que no abonan y revenden obteniendo altos beneficios

Se ocultaba de la justicia desde que fuera condenado en 2016 a la pena de 3 años de prisión y logró evitar su detención por varios años gracias a no salir de su residencia bajo ninguna circunstancia, hasta que fue localizado al acudir a un centro médico por motivos de salud. El arrestado era el cerebro y artífice de numerosas estafas cometidas por el timo del “nazareno”, que consiste en ganarse la confianza de proveedores mayoristas mediante pequeños pedidos que se pagan correctamente hasta realizar una gran compra de productos que nunca se llegan a abonar y que el estafador revende obteniendo altos beneficios sin coste.

Modus operandi del “nazareno”

La investigación llegó a manos del Grupo de Fugitivos en agosto de 2019 en atención a su misión de detención de fugitivos que lleven evadidos largo tiempo de la acción de la justicia. 

Los agentes constataron que el fugado se había venido dedicando durante años a las estafas, concretamente a la conocida como el timo del “nazareno”. Su modus operandi consistía en dar de alta distintas empresas y valerse de otros colaboradores -testaferros u hombres de paja- de los que se valía para realizar labores de captación de proveedores de productos alimenticios de toda España. Sin embargo, cuando llevaba a cabo la transacción comercial, lo hacía mediante pagarés que finalmente no se llegaban a cobrar por falta de dinero en las cuentas de la empresa. La estafa se consumaba cuando se daba salida inmediata a los productos adquiridos a un precio inferior al de mercado, obteniendo de este modo miles de euros de beneficio.

Transcurso de las investigaciones en diferentes ubicaciones

Los investigadores realizaron gestiones para intentar situar al fugitivo en sus lugares de residencia habituales, además de intentar ubicar su posible entorno social. Se obtuvo la información de que era administrador de diferentes empresas que tenían como objeto social el comercio de productos alimenticios, así como también la compraventa de toda clase de fincas rusticas y urbanas.

Con toda esta información se determinó que el fugitivo podría encontrarse en Madrid, y se ubicó el domicilio en el que habría estado residiendo con su pareja y sus hijos. Sin embargo, el entorno de la comunidad de vecinos aseguró no haber visto al fugado en mucho tiempo. Además, las vigilancias en torno al domicilio y los seguimientos a su pareja resultaron infructuosos.

En octubre de 2019 fue condenado en sentencia firme a otra pena de prisión de tres años, que venía a incrementar la pena de misma duración que le había sido impuesta en el año 2016 en ejecutoria penal, también por un delito de estafa.

Las pesquisas llevaron a los agentes a la provincia de Murcia, donde su pareja tenía una propiedad inmobiliaria. Se realizaron nuevas vigilancias sobre ese inmueble sin éxito. También se recibieron informaciones acerca de que el fugitivo podría estar residiendo en Portugal, finalmente se descartó esta vía investigativa tras realizar contactos con las autoridades lusas.

Los agentes encargados de la investigación determinaron finalmente que este individuo estaría enclaustrado en el domicilio de su pareja en Madrid, donde se encerró a sabiendas de que el cerco policial se estrechaba sobre su persona. Por ello se establecieron múltiples dispositivos de vigilancia sobre el domicilio, así como operativos de seguimiento sobre su pareja, detectando que esta retiraba medicamentos en farmacias prescritos a nombre del fugado y volviendo con los mismos de nuevo a la residencia, certificando así su presencia. El día 18 de febrero es cuando el exhaustivo dispositivo de vigilancia dio sus frutos al detectar la salida del domicilio del fugado que pretendía acudir a un centro de salud, lo que permitió a los agentes proceder a su detención. En el momento del arresto, su búsqueda, detención e ingreso en prisión estaba solicitada por tres juzgados diferentes de León y Valladolid.