El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno está plenamente comprometido con el cumplimiento de la Ley de la Cadena, cuya reforma, que está a punto de culminar su tramitación parlamentaria.
Esta reforma ha sido una demanda del sector y va a ser "una gran oportunidad para reequilibrar" el reparto de valor de una forma más justa entre los distintos eslabones, ha dicho el ministro.
Planas ha participado en el foro "El reto de transformar el sector agroalimentario", que forma parte del ciclo "Fondos Europeos, las claves para la recuperación" organizado por la agencia Efe y la consultora KPMG, donde ha reiterado que el sector primario juega un papel estratégico y central en la economía española.
El ministro ha asegurado que la reforma de la Ley de la Cadena ha sido una prioridad para el Gobierno, porque da respuesta a una demanda del sector y porque tiene como objetivo propiciar una cadena alimentaria equilibrada y justa. La nueva norma mejorará la capacidad de negociación del eslabón más débil, que son agricultores y ganaderos, y les permitirá obtener una remuneración digna por sus productos. El ministro ha recalcado el compromiso firme del Gobierno en su aplicación "con todos los participantes en la cadena". Ha destacado que "es una gran oportunidad para reequilibrar la cadena y para que todos los eslabones participen en la generación de valor, para caminar hacia adelante teniendo un rumbo".
Planas ha anunciado que el próximo lunes día 29 mantendrá una reunión con todos las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias y los demás componentes de la cadena alimentaria, industria y distribución, para comentar la aprobación de la ley y para "discutir y conversar sobre el momento actual, analizar los problemas y ver las soluciones". El ministro se ha referido a la actual coyuntura del sector agrario -"entiendo que hay incertidumbre y preocupación"- y ha reiterado la apuesta por el diálogo como método de trabajo idóneo "para resolver dudas y buscar soluciones".
Está previsto que la ley, que superó el pasado miércoles (17 de noviembre) su trámite en el Senado, sea aprobada definitivamente por el Congreso la próxima semana. Se trata de la segunda fase de la reforma de esta ley. La primera se realizó mediante decreto-ley en febrero de 2020, cuando se introdujo la obligatoriedad de que los precios de venta de un producto sean como mínimo iguales a lo que cuesta producirlos y de que las operaciones queden reflejadas en contratos por escrito. Algo que el ministro ha considerado un gran avance.
En la segunda fase de la reforma se ha incorporado la directiva del Parlamento Europeo sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos al objeto de amparar a los agricultores y ganaderos españoles en sus relaciones con operadores nacionales, europeos y de terceros países. Se trata de un cambio en las reglas de juego muy importante, ha recalcado el ministro.
Trabajar por un sistema alimentario más justo y sostenible
Planas ha destacado como uno de los más importantes desafíos que tiene planteado el sector avanzar hacia la sostenibilidad, para conseguir un sistema alimentario más justo y sostenible. La sostenibilidad debe tener una triple dimensión, ambiental, social y económica, ha reiterado el ministro, y ha añadido que si no hay rentabilidad no podrá haber transición ecológica.
Para afrontar estos retos y asegurar la competitividad y rentabilidad del sector agroalimentario es preciso, según ha explicado Planas, la transformación digital, con una apuesta por la innovación, la formación y la transferencia de conocimiento.
El ministro ha destacado que el sector agroalimentario, que fue central en la resistencia contra la pandemia, garantizando el suministro de alimentos y manteniendo sus índices de exportaciones, y lo es también ahora en la etapa de recuperación económica. Además ha destacado que el sector tiene ante si una excelente oportunidad para afrontar los retos que tiene planteados por la confluencia de varios instrumentos de apoyo que rara vez se da en la historia.
Así, ha mencionado la nueva Política Agraria Común (PAC), con unos fondos de 47.724 millones para el periodo 2023-27; el PRTR, que en el componente para el sector primario que gestiona el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) dispone de un presupuesto de 1.051 millones de euros, y el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario, cuya memoria se aprobará a finales de este año o principios del próximo.
El ministro ha recordado también otras medidas de apoyo puestas en marcha por el Gobierno como mantener la devolución del impuesto del gasóleo agrícola, combustible que además está bonificado, o el mantenimiento del sistema de módulos del IRPF para el sector agrario. En este punto, Planas ha recordado que en 2020 se aplicó la mayor reducción fiscal para el campo español de los últimos años, con una rebaja de la base imponible de 1.051 millones de euros.
Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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