Oxfam Intermón pide un acuerdo ambicioso en la negociación de la nueva reforma laboral para reducir “la cultura de la temporalidad” que acabe con la precariedad juvenil

“Estamos ahogados”, dice Aída Acero, de 32 años, “y se nos pide más esfuerzo, y no se puede”.

En España, la mayoría de la población joven tiene contratos precarios que la abocan a una elevada vulnerabilidad y pobreza laboral. Oxfam Intermón publica un nuevo análisis, Tiempo de precariedad, donde señala el despido de personas con contrato temporal como una forma de gestión habitual de la incertidumbre económica y que contribuye, así mismo, a engrosar la desigualdad en España.

Entre enero y septiembre de 2021, más de 9 de cada 10 contratos firmados por personas menores de 35 años han sido temporales. Aunque los datos publicados hasta septiembre de 2021 nos indican una recuperación del empleo juvenil a niveles próximos a la irrupción de la pandemia, el problema de fondo persiste.

En el tercer trimestre de 2021 y según un análisis realizado por la organización de los datos de la EPA, la temporalidad afecta a prácticamente 8 de cada 10 jóvenes asalariados menores de 24 años, cuadruplicando la tasa de temporalidad de los mayores de 35. En 2019, antes de la crisis de la COVID-19, una de cada tres personas jóvenes asalariadas menores de 35 años estaba en situación de pobreza laboral.

“La temporalidad en España no es solo excesiva, sino que es hoy peor que hace más de una década. Vemos como la duración media de un contrato temporal es de 54 días, mientras que en 2011 era de 69 días. Más de la mitad de los contratos de menos de 7 días de duración firmados este año corresponden a menores de 35 años. Y no todo lo podemos justificar por la pandemia, ya que antes de ésta más de uno de cada cuatro contratos firmados no sobrepasaba la semana de duración” señala Franc Cortada, director de Oxfam Intermón. Estas cifras sitúan a España como el país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad, casi duplicando la media comunitaria para 2020 y superando en 5 puntos porcentuales a Portugal, que se sitúa segundo en la lista. 

Aída Acero es una joven de 32 años que estudió periodismo pero alterna trabajos como portera o para empresas textiles o multinacionales de comercio electrónico. “No tengo proyectos porque no sé lo que va a ser de mí”, explica, “no tienes nada sólido a lo que aferrarte para poder planificar. A la espera del resultado de unas oposiciones a correos, añade: “en mis años de adulta, desde que acabé la carrera, he estado más tiempo en paro que trabajando. Estamos ahogados y se nos pide más esfuerzo, y no se puede. Nos están pidiendo que tiremos de un carro y las ruedas son cuadradas”.

La anómala temporalidad del mercado español condena a quienes la padecen a vidas más inestables y con menos ingresos. En España, las personas jóvenes son, junto con la infancia, el grupo de edad en mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Una de cada cuatro personas menores de 30 años vive por debajo del umbral de pobreza en nuestro país. Detrás del problema se esconden un mercado laboral disfuncional y un sistema de protección social que no hace lo suficiente por ellas, y que aboca a toda una generación a la precariedad.

Mujeres y personas de bajos estudios, más afectadas

Desde las edades más tempranas de incorporación a la vida laboral, las condiciones de precariedad son más intensas para las mujeres que para los hombres: la tasa de parcialidad es mucho más elevada en mujeres de entre 20 y 29 años que en hombres de la misma edad con niveles de estudio y experiencia equivalentes: 37,1 por ciento y 24,7 por ciento, respectivamente. Esto se traduce en menos intensidad laboral, mayor inestabilidad y menor salario.

El nivel de estudios representa la mayor desigualdad entre las personas jóvenes: el 57,5 % de las personas de entre 25 y 34 años empleadas en una ocupación de baja cualificación tiene un contrato temporal. Este porcentaje aumenta hasta el 76,4 % para las menores de 24. Además, las características sociales y económicas del hogar en el que nacemos también determinan nuestras oportunidades académicas y, por tanto, nuestra vulnerabilidad ante la precariedad laboral. En los hogares en los que la madre tiene estudios superiores, sus hijos e hijas tienen un 82 por ciento de probabilidades de alcanzar ese mismo nivel de estudios. Por el contrario, esto ocurre solo 1 de cada 3 veces si la madre tiene estudios de nivel bajo.

Soluciones a la vista

Aunque la precariedad juvenil tiene que ver con el modelo de producción y el uso de la mano de obra low cost como estrategia de competitividad, hay medidas desde el ámbito legislativo que podrían ayudar a mejorar la situación, según Oxfam Intermón.

“Hay que garantizar un futuro con opciones donde vivir no sea un juego donde encajar piezas para llegar a fin de mes. Ahora estamos ante una oportunidad como pocas y el Gobierno tendría que garantizar un acuerdo ambicioso en la negociación de la nueva reforma laboral que frene esta “cultura de la temporalidad” que no hace sino condenar a la precariedad a las personas más jóvenes” afirma Cortada. “Hay que poner coto al uso de subcontratación, así como fomentar la flexibilidad interna frente al despido entre otras medidas que protejan a este colectivo” 

Los cambios legislativos, según Oxfam Intermón, deben de fomentar un uso excepcional de la temporalidad, lo que pasa por especificar claramente cuándo se puede usar y cuándo no. “Esos cambios normativos”, explica Franc Cortada, “deben de ir acompañados de soluciones innovadoras que faciliten el control de la temporalidad abusiva y desincentiven el fraude de ley”.

Así mismo, la organización plantea otras recomendaciones, como el uso de los fondos Next Generation de la Unión Europea para aumentar el peso en la economía de sectores de mayor valor añadido y aprovechar las oportunidades que ofrecen la transición energética y la digitalización para crear oportunidades de trabajo para las personas trabajadoras jóvenes.