No se llega a tiempo de evitar la pérdida del cuidado parental no solo por la escasez de recursos, sino porque la prevención no se prioriza.

Es necesario superar el modelo tutelar en el acogimiento residencial y basarlo en el desarrollo de programas de atención individualizada, que den respuesta a las necesidades de niños, niñas y adolescentes y acaben con su estigmatización.

La mayoría de los 5.200 jóvenes que se vieron obligados a abandonar el sistema de protección en 2020 por cumplir la mayoría de edad no cuentan con los apoyos necesarios.

Seis años después de la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, su aplicación es parcial y la reforma que esta pretendía no se ha completado. Con motivo del Día Universal del Niño, Aldeas Infantiles SOS recuerda que más de 49.000 niños, niñas y adolescentes viven en España privados del cuidado parental porque carecemos de medidas preventivas que nos permitan llegar a tiempo de evitar la separación de sus familias, y pide a las comunidades autónomas que aún no lo han hecho que adapten su normativa a la Ley y aseguren su plena implementación.

A pesar de los años transcurridos, en la mayoría de las comunidades autónomas no se ha procedido a adaptar la normativa autonómica a la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Para Aldeas Infantiles SOS, esta falta de homogeneidad "produce un desajuste entre lo que pretenden ser criterios generales comunes para todo el territorio del Estado y la realidad jurídica dispersa de cada comunidad autónoma que impide completar la reforma del sistema de protección que persigue la normativa estatal".

En la práctica, esta aplicación desigual de la Ley se traduce en distintas problemáticas que afectan al sistema de protección en su conjunto, tanto en la fase inicial de intervención para prevenir situaciones de vulnerabilidad y riesgo social, como en las modalidades de cuidado alternativo que se ofrecen a los niños, niñas y adolescentes que ya han perdido el cuidado parental y, por último, en la labor de acompañar a estos más allá de su mayoría de edad, hasta su plena integración social y laboral.

Aldeas Infantiles SOS asegura que "no se llega a tiempo de preservar la unidad familiar y evitar la pérdida del cuidado parental no solo por la escasez de recursos y las condiciones en las que trabajan los servicios sociales de los municipios, sino porque la prevención no se prioriza ni se entiende como intervención en una situación de riesgo". Además, añaden, "el sistema da prioridad a la vulnerabilidad económica y la intervención en la adolescencia en vez de en la primera infancia".

La organización de atención directa a la infancia denuncia que factores como la falta de sistematización de la información en el sistema de protección, así como el hecho de que no exista una continuidad en la intervención con niños, niñas y adolescentes en riesgo, tienen como resultado, entre otras consecuencias, que no sepamos cuántos de ellos terminan tutelados por las distintas comunidades autónomas.

Por otra parte, y en lo referente a los niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental, que superan los 49.000, Aldeas Infantiles SOS señala a las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños como el estándar para el cambio sistemático de políticas y su implementación, un proceso inconcluso en nuestro país. Tal y como estas indican, es preciso garantizar la disponibilidad de una amplia gama de opciones de cuidado alternativo de calidad para ser capaces de dar respuesta a las necesidades individuales de cada niño, niña o adolescente.

"La infancia y la adolescencia que ha perdido el cuidado parental tiene derecho a recibir cuidado alternativo en familias o entornos de carácter familiar, donde los hermanos permanezcan juntos, en los que cuenten con figuras de referencia y donde su opinión sea tenida en cuenta", afirman. Es necesario, asimismo, que los profesionales estén altamente capacitados y reciban formación continuada con un enfoque de derechos de infancia.

En este sentido, Aldeas Infantiles SOS propone una reflexión respecto al concepto de "institucionalización", identificado todavía con un modelo de actuación tutelar que debe superarse. Para la organización de atención directa a la infancia "el concepto de centro de protección debe basarse en su funcionalidad y en el desarrollo de programas individualizados de intervención con niños, niñas y adolescentes para, de esta forma, dejar atrás una consideración desfasada respecto al papel que puede jugar el acogimiento residencial".

Por último, casi 5.200 jóvenes se vieron obligados a abandonar el sistema de protección en 2020 por cumplir la mayoría de edad, una emancipación temprana que en la mayoría de los casos no se produce de manera planificada y progresiva. Al contrario, "buena parte de estos chicos y chicas no cuentan con apoyo y los 18 años marcan para ellos el inicio de una nueva etapa de desprotección, en la que se pone en riesgo, cuando no se deshace, lo avanzado hasta ese momento", aseguran desde la organización. Aldeas Infantiles SOS defiende que la obligación del Estado de proteger a quienes han estado bajo su tutela debe extenderse más allá de la mayoría de edad, y reclama que la transición a la vida independiente se asuma como una fase más del sistema de protección, prorrogando los apoyos necesarios para la plena integración de los jóvenes en la sociedad.

Aldeas Infantiles SOS basa sus recomendaciones en su propia experiencia en la atención directa a niños, niñas, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad. La organización trabaja para mejorar las condiciones de vida de familias en situación de riesgo y evitar la separación de padres e hijos; cuando esta es inevitable, proporciona cuidado alternativo de calidad a niños, niñas y adolescentes en entornos familiares. Y, por último, acompaña a los chicos y chicas que abandonan el sistema de protección hasta su plena integración social y laboral. Desde todos estos programas atendió a 10.846 niños, niñas y jóvenes y a 3.067 familias en 2020.