Greenpeace entrega más de 237.000 firmas ciudadanas contra las macrogranjas en el Ministerio para la Transición Ecológica

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Greenpeace entrega más de 237.000 firmas ciudadanas contra las macrogranjas en el Ministerio para la Transición Ecológica

Activistas de Greenpeace han desplegado pancartas en la puerta del MITERD mostrando su rechazo al modelo insostenible de ganadería industrial que contamina las aguas

En los últimos cuatro años, la contaminación media del agua por nitratos en España ha aumentado más del 50%

Los ecologistas piden que el MITERD apruebe una legislación de nitratos que proteja el agua e impida que se siga envenenando este recurso vital

Portando pancartas con mensajes como “Macrogranjas no” y “#ProtegeTuAgua”, Greenpeace se ha desplazado hoy al MITERD para entregar más de 237.000 firmas de personas que solicitan el fin de las macrogranjas, por su insostenible impacto en el medioambiente y, particularmente, por su incontrolada contaminación del agua.

Con esta protesta pacífica, la organización ecologista quiere exigir al Gobierno una legislación de nitratos ambiciosa que termine con este problema y ponga un freno legislativo a la expansión desmesurada de las macrogranjas en España.

De acuerdo con los datos publicados por este mismo Ministerio, la contaminación media del agua por nitratos en el período de 2016-2019 aumentó un 51,5%. Asimismo, y en el mismo período, la contaminación por nitratos se ha visto incrementada en el 75% de las masas de agua subterránea, pese a que cerca de una cuarta parte del territorio y mitad de la superficie agrícola útil (SAU) está clasificada ya como Zona Vulnerable a Nitratos. Este es unos de los puntos que Greenpeace denuncia en el informe “Macrogranjas, veneno para la España rural. Efectos ambientales de la ganadería industrial” publicado la semana pasada en el marco de su campaña “Ni Mu”. Se trata de un problema que no afecta solamente a los ecosistemas naturales y las futuras reservas de agua, sino que ya está dejando a muchos pueblos sin agua potable.

Representante de Greenpeace entregando las firmas en el MITERD

Ante el expediente sancionador abierto por este motivo por la Comisión Europea contra España en 2018, junto con un dictamen motivado presentado en 2020, el MITERD puso en marcha, en marzo de este año, un proyecto de modificación del Real Decreto 261/1996 sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Greenpeace envió alegaciones al proyecto, pero continúa sin publicarse el documento a día de hoy.

La semana pasada, la Comisión Europea ha vuelto a denunciar este problema, indicando que España tiene “un problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura” y ha instado al Gobierno español a “adoptar con urgencia medidas adicionales para alcanzar los objetivos de la Directiva”. En ese mismo informe se deja claro que la principal causa de la contaminación del agua por nitratos en la UE es la ganadería ya que “es responsable del 81% de la aportación del nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos”.

“La ministra Teresa Ribera tiene una excelente oportunidad para acabar, como exige la Comisión Europea, con la contaminación del agua por nitratos. Está en sus manos evitar una futura grave crisis: la del agua,” ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España. “Hoy hemos entregado a la ministra casi 250.000 firmas, recogidas desde finales de febrero, de personas que piden el fin de las macrogranjas. Ahora queremos alcanzar las 300.000 para mostrar el enorme rechazo social al destructivo modelo de ganadería industrial”.

En el ámbito de la Semana Estatal de Acción Contra la Ganadería industrial, plataformas vecinales de más de 70 municipios (organizadas bajo el paraguas de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, de la que forma parte Greenpeace), se han manifestado estos días bajo el lema “Stop Ganadería Industrial. Ni en tu pueblo ni en el mío”. Las plataformas han presentado más de 15 solicitudes ante las administraciones provinciales pidiendo, entre otras medidas, una moratoria a la dañina ganadería industrial.

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