El ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y UNICEF España han presentado esta mañana los resultados del informe 'Bases para el Plan de Acción de la Garantía Infantil en España'. Encargado por la Comisión Europea, coordinado por la oficina regional de UNICEF en Europa (UNICEF ECARO) y liderado por investigadores del CSIC y la Universidad de Alcalá, servirá de punto de partida para la implementación de la Garantía Infantil Europea.
Estos resultados se han presentado en las jornadas 'Hacia un Plan de Acción Nacional para la Garantía Infantil Europea', en las que han participado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el alto comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, y el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha explicado que la Garantía Infantil Europea es un instrumento fundamental que hay que abordar desde un enfoque integral y ambicioso. "La pobreza no es solo la pobreza monetaria, es también no tener acceso a una atención sanitaria pública y gratuita, es no poder ir al colegio o no hacerlo en las mismas condiciones que tus compañeros y compañeras, es no tener una vivienda digna y a un precio asequible, es no poder mantener una dieta sana y equilibrada. En este sentido, ha anunciado que "vamos a comprometernos a dedicar a la Garantía Infantil al menos 527 millones de euros, es decir, como mínimo el 5% del Fondo Social Europeo Plus hasta 2027. Junto a ello, trabajaremos sin descanso para que muy pronto, en el próximo mes de marzo, tengamos listo el Plan de Acción Nacional que servirá de guía para todos y todas en nuestro camino para erradicar la pobreza infantil de nuestro país".
Por su parte, Ernesto Gasco, Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, ha destacado "la necesidad de aprovechar de forma coordinada la financiación proveniente del Fondo Social Europeo Plus, el principal instrumento europeo de inversión en las personas, que por primera vez especifica en su reglamento la obligación a los Estados miembro con tasas de pobreza infantil superiores a la media, a dedicar como mínimo el 5% de los recursos, en el caso de España torno a 560 millones de euros para el período 2021-2027, a la lucha contra la pobreza infantil".
Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España, ha asegurado que "con el estudio que hoy presentamos, damos por finalizado el análisis de la situación de la infancia en nuestro país y empezamos a centrarnos en la implantación de la Garantía Infantil Europea. Tenemos por delante la oportunidad de reducir significativamente la pobreza infantil, y vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en conseguir que cada niño, niña y adolescente en nuestro país tenga acceso a una educación, nutrición, vivienda o atención sanitaria de calidad".
El objetivo de este informe es estudiar las condiciones de acceso de la infancia vulnerable a los derechos básicos contemplados en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (GIE), como la educación, la sanidad o la vivienda, así como identificar los retos que España deberá afrontar para garantizar estos derechos mediante la implementación de la GIE.
Los principales resultados arrojados por el informe indican que, aunque los datos disponibles no permiten conocer con detalle la magnitud de los efectos de la pandemia, todo apunta a un incremento de la desigualdad y al deterioro de la situación de los colectivos más vulnerables. Así, los niños, niñas y adolescentes en situaciones familiares precarias son los que sufren las mayores tasas de pobreza y exclusión social. También los niños con discapacidad, los pertenecientes a la minoría gitana o los de origen migrante, se enfrentan a mayores dificultades.
El estudio propone una serie de metas que deberían alcanzarse en 2030 a través de la Garantía Infantil Europea, como reducir al menos a la mitad la proporción de niños que viven en riesgo de pobreza o exclusión social, lograr la misma reducción de los que viven bajo privación material específica para la infancia, duplicar el gasto en educación y cuidados de la primera infancia o alcanzar la media de 2015 de la UE en transferencias monetarias a familias y niños.
En base a los conclusiones y recomendaciones de este estudio, durante los próximos seis meses se va a elaborar el Plan de Acción del Gobierno que detallará la forma en la que la Garantía Infantil Europea se va a implementar en nuestro país, así como los mecanismos e indicadores para el seguimiento de su cumplimiento.
Garantía Infantil Europea
Alrededor de uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes (un 18,5%) se encuentran en riesgo de pobreza en Europa, siendo España el tercer país de la UE con mayores tasas de pobreza infantil (un 27,4%), solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Esta situación, según lo que apuntan algunos indicadores ya disponibles como el de carencia material severa, se ha visto, además, agravada por la crisis de la COVID-19, con lo que se hace más urgente que nunca una respuesta europea a esta situación.
La Garantía Infantil se enmarca dentro de una perspectiva más amplia de derechos de la infancia: es uno de los instrumentos principales de la Estrategia Europea de Derechos de la Infancia y del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que en su principio 11 establece que los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos de la pobreza con medidas específicas para mejorar la igualdad de oportunidades.
El objetivo de la Garantía Infantil es garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes de la Unión Europea, especialmente los más vulnerables, tengan un acceso efectivo y gratuito a servicios básicos como la educación y cuidado infantil, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día lectivo y salud, y acceso efectivo a vivienda adecuada y nutrición saludable.
