La aprobación de la Ley para la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a todas formas de violencia y la Estrategia de Desarrollo Sostenible, y la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia han sido tres de los hitos logrados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el primer semestre de 2021.
Derechos Sociales y Agenda 2030 ya ha alcanzado el 40% del cumplimiento de los compromisos pendientes de ejecución. Sin embargo, en esta primera mitad del año no se ha logrado aprobar la futura Ley de Vivienda, de la que este Ministerio es coproponente junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y respecto a la que existía el compromiso de ser aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero.
Ley para la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a todas formas de violencia
La aprobación de la conocida como Ley Rhodes ha supuesto un hito histórico que da cumplimiento a la obligación de protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, una necesidad urgente en nuestro país como así nos reclamaban organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño. Se trata de una legislación pionera para proteger a los menores frente a cualquier tipo de violencia y con la que se ha logrado, entre otras medidas, generalizar la obligación de denunciar ante la autoridad competente cualquier situación de violencia contra niños y niñas o que la prescripción de delitos por abusos a menores no empiece a contar hasta que la víctima cumpla 35 años.
La norma también incluye la creación de unidades especializadas en la sensibilización, prevención de situaciones de violencia sobre menores de edad en las fuerzas y cuerpos de Seguridad o la creación de la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, que velará por el funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género. Además, prevé un aumento de la dotación presupuestaria en el ámbito de la Administración de Justicia y la Administración de los Servicios Sociales.
Además, la Ley de Infancia incluye una marcada perspectiva de género al prohibir que el uso de planteamientos no científicos, como el denominado síndrome de alienación parental, desacredite los testimonios de niños y niñas en determinados procesos e incluye un nuevo artículo específico para proteger a la infancia en las situaciones de violencia de género en el ámbito familiar. Además, elimina la posibilidad de guarda conjunta en caso de que existan indicios de violencia de género.
Plan de Choque en Dependencia
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 también ha impulsado el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 a través de la Mesa de Diálogo Social con las organizaciones empresariales y sindicales, que este año ha inyectado al sistema 600 millones de euros.
El Plan establece como objetivos prioritarios reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) son apropiadas; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes.
Aprobación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
El Consejo de Ministros aprobó en junio la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 como herramienta para lograr que España cumpla con la Agenda 2030, convirtiéndose en un país más justo socialmente, sostenible, igualitario y feminista en los próximos años.
Con este documento, España rendirá cuentas ante Naciones Unidas sobre los progresos realizados y los compromisos de futuro para acelerar su cumplimiento. Una rendición de cuentas que tendrá lugar en el marco del segundo Examen Nacional Voluntario al que se someterá España durante el próximo Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible.
En la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 se especifican 8 retos que enfrenta España en la actualidad y las políticas aceleradoras del desarrollo sostenible que han de ponerse en marcha para afrontarlos. En concreto, el Ejecutivo ha detectado que los desafíos que tiene nuestro país son el de la pobreza y la desigualdad; la emergencia climática y ambiental; la brecha de la desigualdad de género y la discriminación; las ineficiencias del sistema económico; la precariedad laboral; la crisis de los servicios públicos; la injusticia global y las amenazas a los derechos humanos y los principios democráticos; y la situación del medio rural, entre otros. Para afrontar dichos retos, el Ejecutivo pondrá en marcha desde hoy hasta 2030 una serie de políticas concretas que se recogen en el documento.
Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia
