l ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha mantenido un encuentro con representantes de los empresarios, autónomos y personas con discapacidad, tras la firma de los convenios para identificación y eliminación de cargas administrativas.

La Administración General del Estado (AGE) impulsa así la participación del sector social y empresarial en la política de reducción de cargas administrativas a través de la firma de convenios con las organizaciones y asociaciones representativas.

El objetivo de la reunión ha sido avanzar en cuestiones como la mejora de la Administración electrónica, reducir la documentación que se solicita en los procedimientos, facilitar la interconexión entre los diferentes departamentos ministeriales, mejorar la información disponible en las webs de determinados organismos, facilitar la cumplimentación de formularios o desarrollar campañas informativas sobre temas de interés general, tanto para empresas como ciudadanos.

Se trata, en definitiva, de detectar trámites innecesarios, repetitivos o especialmente complejos que pueden suprimirse, reducirse o simplificarse.

Han estado presentes en el encuentro el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, y el director general de Gobernanza Pública, Olivié Bayón. Por las organizaciones empresariales y sociales han asistido el secretario general de CEOE, Juan Alberto González-Ruiz, el secretario general de CEPYME, Luis Aribayos, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el presidente del Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), Luis Cayo.

Reforzar la modernización de los servicios públicos

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha planteado en la reunión reforzar uno de sus ejes principales de actuación, la transformación e innovación en los servicios públicos, con el fin de alcanzar los máximos estándares de calidad y orientarlos, asimismo, a las demandas de los ciudadanos y de las empresas.

La experiencia de las empresas y autónomos y los colectivos que requieren una atención especial facilitará además la correcta identificación de aquellos requisitos que representan obstáculos para el crecimiento y el emprendimiento.

Se pretende potenciar la participación activa del sector social y empresarial en la política de reducción de cargas administrativas, complementando la visión propia que se tiene de las actuaciones de la Administración General del Estado con la de los usuarios, que son los destinatarios últimos.

Compromiso para eliminar trabas burocráticas

Se reafirma así el compromiso del Gobierno de España con la simplificación y los procesos de reducción de cargas administrativas para flexibilizar las estructuras de las administraciones públicas y superar las dificultades que puedan encontrar con el sector público los ciudadanos y las empresas

La Unión Europea y la OCDE recomiendan a los estados la mejora en la reducción de formularios y declaraciones y fomentar la simplificación de procedimientos administrativos y normativos. También los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con los que los estados miembros de la ONU están comprometidos, promueven la creación de instituciones eficaces que rindan cuentas, así como garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de la sociedad.

Asimismo, la situación de pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que las administraciones públicas actúen con agilidad para hacer frente a las demandas de la ciudadanía.

Los convenios con los representantes empresariales y autónomos tienen como objetivo propiciar la reducción de trámites y cargas burocráticas, además de facilitar su relación con la AGE y contribuir a la reducción de costes de explotación de las actividades mercantiles, ayudando a mejorar la competitividad de las empresas, su desarrollo y su futuro. Los nuevos convenios seguirán analizando la normativa para eliminar, cuando se identifiquen, trabas burocráticas.

Convenio con el CERMI

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene entre sus prioridades la mejora de la atención a los ciudadanos y ciudadanas con la AGE. De forma especial con el Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), las personas con discapacidad y a sus familias, para desarrollar planes y programas que mejoren la atención y la inclusión e identifiquen las trabas burocráticas que todavía existen para este colectivo.

CERMI es la plataforma de representación, acción y defensa de las personas con discapacidad y sus familias, de la que forman parte todas las organizaciones estatales de la discapacidad, integradas a su vez por más de 7.000 asociaciones, organizaciones y entidades que representan en su conjunto a casi cuatro millones de personas con discapacidad en España, y que tiene entre sus fines prioritarios la mejora de las condiciones de vida y sociales.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia