Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante el Consejo de Ministros europeo y las negociaciones llevadas a cabo con Parlamento y Comisión en estos días lamenta la falta de acuerdo por la mayor presión ambiental y social a la que se quiere someter al sector agrario.
La organización agraria critica la intención del Parlamento de querer elevar el nivel de exigencia para las explotaciones en las cuestiones relacionadas con medio ambiente y cambio climático, con un mayor porcentaje para ecoesquemas y más rigidez en su aplicación en los primeros años. Para Unión de uniones lo importante de verdad es que estos ecoesquemas den respuesta a necesidades del sector y sean atractivos para que los agricultores y ganaderos participen en los mismos y aseguren su buen funcionamiento. La organización se opone a dedicar más dinero de la PAC al objetivo ambiental y a aumentar la presión sobre las explotaciones “mientras no se exige nada ni remotamente parecido a los productos importados” y considera que la respuesta del sector agrario a la ambición ambiental de la UE es ya más que suficiente y la mayor en términos cuantitativos y cualitativos de todas las políticas europeas.
En la misma línea se expresa en relación a la condicionalidad social, en la que Unión de Uniones se alinea con la posición del Consejo acerca de la carga burocrática que haría pesar sobre la PAC, cuando cada Estado miembro cuenta ya con su propia normativa laboral que tiene que hacer cumplir.
Agricultor genuino será cosa de aquí
Respecto de la figura del agricultor genuino como beneficiario de las ayudas PAC, la organización, opina que, tal y como se ha estado fraguando, se han ido ampliando los márgenes para su definición. Al final todo apunta a que será una decisión política de cada Estado miembro en su plan estratégico. Por ello Unión de Uniones se reitera en aproximar la figura de agricultor activo a la de profesional, requiriendo un mínimo del 25% de ingresos procedentes de la actividad agraria, exceptuando de la mismas a quienes reciben hasta 1.250 euros de pagos directos, para evitar la exclusión de los sectores sociales del medio rural.
Una reserva de crisis inservible a todas luces
Por último, Unión de Uniones señala que no entiende el debate que se ha creado en torno a la reserva de crisis. La organización recuerda que esta reserva de crisis se creó en 2013 y que cada año se alimenta con dinero que se le quita a los agricultores, retornándolo posteriormente si no se usa.
Unión de Uniones critica que, desde 2013, ha habido suficientes crisis como para haberla utilizado y nunca se ha hecho. Señala, como ejemplo, que incluso este mismo año, la Comisión se ha negado a ponerla a disposición del sector vitivinícola cuando se planteó.
“No entendemos entonces su razón de ser. Si lo que quiere la Comisión es devolver el dinero al año siguiente, ¿entonces para qué se recauda?”, señalan. “El dinero de los agricultores y ganaderos donde mejor está es en su propio bolsillo”, concluyen.
Unión de Uniones pide que se revise el funcionamiento de la reserva ligándola a indicadores de mercado veraces y umbrales de desencadenamiento automáticos, para que de verdad funcione en tiempos de crisis y cumpla su función.
