El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, asistió a los Diálogos Institucionales organizados por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada (ICAGR). En el evento, moderado por Leandro Cabrera Mercado, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, Campo subrayó que "tenemos la obligación de trabajar en un modelo de Justicia que nos dure tiempo".
El encuentro se desarrolló en el marco de las visitas que Campo está realizando a los colegios de abogados de España para conocer las necesidades del colectivo de la abogacía, así como para exponer algunos de los principales proyectos de Justicia 2030 que conciernen al sector, con el objetivo de recoger sus aportaciones.
En relación al apoyo parlamentario recibido a las leyes impulsadas por su cartera, Campo afirmó que "todas las decisiones en materia de Justicia que nacen en el seno del programa Justicia 2030 se han hecho con un alto respaldo". Y añadió que "Justicia 2030 se basa en la eficiencia procesal, organizativa y digital".
Ley de Eficiencia Organizativa
En este sentido, el ministro hizo especial hincapié en el nuevo Anteproyecto de Eficiencia Organizativa, aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros. Campo destacó que este nuevo modelo organizativo tiene como prioridad dotar al país de un servicio público de calidad, "que tenga al ciudadano como referente".
Este Anteproyecto está basado en tres piezas fundamentales, explicó el ministro: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios. Según Campo, este modelo contribuirá a una gestión y organización más eficientes, y ayudará a reducir la brecha territorial, digital y ecológica, "acercando al ciudadano los servicios públicos".
Sobre los Tribunales de Instancia, Campo señaló que estos nuevos tribunales permitirán una mejor organización del servicio público de Justicia. En ese sentido el ministro destacó que esta organización judicial "facilitará la unificación de criterio y profundizará en los mecanismos democráticos de los jueces".
En relación a la Oficina de Judicial, la segunda pieza de la nueva norma, el ministro indicó que el nuevo modelo supera al anterior. El ministro afirmó que esta nueva Oficina es mucho más flexible, con elementos suficientes para que ahora sea una realidad y apoye al Tribunal de Instancia en su cometido".
En cuanto a las Oficinas de Justicia en los municipios, tercera pieza del Anteproyecto, el ministro declaró que forma parte de "una estrategia de país y un elemento vertebrador", y explicó que estas oficinas van a contribuir a superar el reto demográfico, ya que tendrá "una enorme capacidad operativa, no sólo en materia de Justicia".
El nuevo Anteproyecto, junto a la ley eficiencia procesal -aprobada a finales de 2020- y la que se presentará a finales del primer semestre de 2021, de eficiencia digital, hacen del plan Justicia 2030, afirmó Campo, una de las principales herramientas de la Administración de Justicia, junto con los Fondos de recuperación europeos.
Ley de Eficiencia Procesal
En el marco de la ley de eficiencia procesal, Campo destacó los medios adecuados de solución de controversias (MASC), para reducir la litigiosidad en los tribunales. El ministro dijo que "tenemos que apostar por elementos que lleven a la cohesión social a abogacía".
Del mismo modo, el ministro de Justicia se refirió a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "una ley transformadora y medular que incorpora numerosas novedades en el proceso penal". De la norma, que ahora está en el proceso de revisión por los distintos actores, el ministro destacó que el "Gobierno pone la primera palabra, pero hay que buscar el consenso y ya se está trabajando en él".
Por otro lado, el ministro hizo referencia al nuevo Estatuto de la Abogacía que entrará en vigor el 1 de julio, el cual regula la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la provisión de los órganos colegiales, la relación con el cliente, los ámbitos deontológicos y disciplinario y promueve la conciliación de la vida familiar y profesional.
Finalmente, Campo señaló el nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, con una subvención de más de 43 millones de euros concedida por el Ministerio de Justicia en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita para el ejercicio 2021 en territorio Ministerio.
Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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