Se han dejado de celebrar más de 1.000.000 de juntas de propietarios, lo que ha conllevado la paralización de las obras en los edificios, viéndose afectadas muchas empresas del sector de la construcción.

La moción, que se aprobó sin votos en contra, insta al Gobierno a aprobar herramientas que permitan adoptar acuerdos para poder continuar con el desarrollo normal de la actividad en las comunidades de propietarios.

La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha sido aprobada sin ningún voto en contra y se ha aceptado la moción del Partido Socialista para que la norma que se apruebe ofrezca la máxima garantía jurídica para todos los propietarios/as a la hora de deliberar y votar los distintos puntos del orden del día, fundamentalmente de aquellas personas que no tienen acceso a la vía telemática o no saben utilizar las nuevas tecnologías.

Los Administradores de Fincas colegiados, en las diversas reuniones mantenidas con los distintos Grupos Parlamentarios para solicitar una norma que reconociera la validez de las juntas telemáticas, manifiestan que la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha recogido sus peticiones, y esperan que la normativa que se desarrolle y apruebe próximamente por el Congreso garantice el derecho de participación de todos los propietarios/as -que podrán asistir representados-, y con la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y de garantizar la emisión de su voto. No obstante, hay que tener presente sus particularidades, el número de propietarios y la capacidad de acceso a la tecnología. Por esto, y dado que no todas las comunidades podrán reunirse virtualmente, también se ha propuesto la posibilidad de adoptar acuerdos sin Junta mientras duren las restricciones.

LAS JUNTAS VIRTUALES, SIN VALIDEZ

Actualmente, y aunque las nuevas tecnologías permitan las reuniones virtuales, la Ley de Propiedad Horizontal solo reconoce validez a las reuniones presenciales, a excepción de la ley catalana, que sí establece la posibilidad de reuniones vía telemática y la validez de la toma de acuerdos de Junta de Propietarios con este sistema, tras la aprobación del Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa. Desde entonces están en vigor soluciones similares en Cataluña a las que propone el CGCAFE sin haber generado ningún problema entre los propietarios y resultando útiles para que no se frene ni la vida en comunidad, ni la economía.

En este año de pandemia se han dejado de celebrar más de 1.000.000 de juntas de propietarios, lo que ha conllevado la paralización de las obras en los edificios. Muchas empresas se están viendo afectadas con esta situación al no poder realizarse obras de accesibilidad, eficiencia energética y la rehabilitación de edificios en general. Para Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, "próximamente se recibirán 27.000 millones de euros de la Unión Europea, los conocidos como Fondos de Recuperación Europeos, de los que parte se destinarán a rehabilitar inmuebles, y si esta situación de prolonga, la gestión de estas ayudas al sector de la edificación no podría producirse".

Durante la pandemia, los Administradores de Fincas colegiados han hecho posible el buen funcionamiento de los edificios, pero se reclama esta norma porque, aunque en la práctica muchas comunidades de propietarios tienen garantizado su funcionamiento, gran parte de los propietarios/as prefieren no celebrar reuniones para evitar riesgos de contagio. Por este motivo, y para dar cobertura legal a estas situaciones, Salvador Díez explica la necesidad de "suspender la obligación de convocar anualmente las reuniones durante 12 meses y dar por renovados, de forma tácita, tanto los cargos de la Junta de Propietarios de la comunidad y los presupuestos con el respaldo legal necesario".