El trabajo de estas mujeres es esencial para nuestra sociedad. Unas 85.000 se dedican a cuidar de personas dependientes por las debilidades del sistema de dependencia

Oxfam Intermón pide que a la hora de reforzar el sistema de dependencia se tenga en cuenta a las trabajadoras del hogar y que se equiparen sus derechos al del resto de personas asalariadas

El colectivo de las trabajadoras del hogar y los cuidados es uno de los más golpeados por la precariedad y la pobreza en el mercado laboral de nuestro país. Según estimaciones de Oxfam Intermón, de las más de 550.000 mujeres que trabajan en el empleo del hogar, el 32,5% vive bajo el umbral de la pobreza frente al 12% del conjunto de personas asalariadas. De ellas, 1 de cada 6 está en situación de pobreza severa, es decir, vive con menos del equivalente a 16 euros al día, según datos correspondientes a 2019.

Esta situación no ha hecho más que empeorar con la pandemia y de forma más acusada en este sector, tal y como describe el informe “Esenciales y sin derechos” publicado este martes por la organización con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El impacto de la COVID-19 en la primera ola dejó un balance negativo para el colectivo: se destruyeron tres empleos de trabajadoras del hogar por cada uno del conjunto del mercado. Así, mientras se perdió el 8,3% del trabajo de este colectivo, este porcentaje bajó al 2,6% en el conjunto total.

“Hace un año, cuando por unas semanas todo se paraba, una única cosa no lo hizo: el trabajo de cuidados. A pesar de que este numeroso colectivo desarrolla una labor imprescindible y con un valor incalculable para que nuestra sociedad pueda avanzar, no tienen legalmente reconocidos los mismos derechos que el resto de las personas asalariadas”, denuncia la responsable de políticas públicas de Oxfam Intermón, Liliana Marcos. “Carecen de los derechos laborales esenciales como la prestación por desempleo, la negociación colectiva o la protección por despido, así como la prevención de riesgos laborales”, añade.

A la falta del reconocimiento legal de estos derechos hay que sumarle que son mucho más vulnerables al no ver cumplidos aquellos que, en teoría, sí que tienen. La gran informalidad en el sector provoca en parte esta situación. Según los cálculos de Oxfam Intermón, el 36% de su trabajo se presta en la economía sumergida, o sea, que las personas empleadoras no abonan las correspondientes cotizaciones, lo que equivaldría a 2.600 millones de euros en salarios y a 820 millones de euros que pierde la Seguridad Social.

María, gallega y de 54 años, es trabajadora del hogar. Según explica a Oxfam Intermón, la vulnerabilidad del colectivo se agrava aún más en épocas de crisis como la que estamos viviendo. “Siempre es peor. Abusan más. Yo ahora estoy sin trabajo y pregunto en mi entorno: todos los trabajos son sin seguro, sin contrato, incluso en el cuidado de niños y niñas. Si quieres, bien y si no, te dicen: pues mira, hay muchas mujeres así”.

Reparto desigual por CC.AA.

El 5% de todas las trabajadoras de nuestro país es una empleada del hogar, pero con una distribución diferenciada según las comunidades autónomas. Así, mientras en la Comunidad de Madrid representan el 7,5% del conjunto de trabajadoras, en Canarias o Extremadura no suponen más que el 2,9% y el 2,8%, respectivamente.

El empleo del hogar sigue considerándose como un “sector refugio” para las empleadas españolas en las regiones con menos dinamismo económico, aunque más de la mitad del colectivo está representado por mujeres no nacidas en España. De ellas, una de cada cuatro, unas 70.000, se encuentran en situación irregular.

Jessica Guzmán, chilena de 53 años, ha trabajado como interna 15 años. Fruto de su experiencia de estos años señala: “La sociedad debe entender que las internas existen en cada portal, en cada casa, y hay una gran deuda con nosotras. Aunque tengamos necesidad, no somos esclavas, somos trabajadoras y pedimos los mismos derechos”.

Más inversión pública para los cuidados

El informe también denuncia que España ha mantenido una infra inversión estructural en cuidados de larga duración y atención a la dependencia, lo que se ha traducido en un aumento del número de trabajadoras del hogar. Según explica la portavoz, “allí donde el Estado no ha cubierto las necesidades de cuidado es donde hay más trabajadoras del hogar. El sistema de dependencia descansa sobre un colchón de trabajadoras baratas”. Se calcula que un total de 85.000 trabajadoras del hogar cuidan de dependientes porque el sistema público no llega. Si pasaran a trabajar en él, el número de mujeres desarrollando su labor en asistencia domiciliaria aumentaría en un 47%.

Un total de tres millones de hogares, el equivalente al 16,2% de las familias, efectuaron gastos en trabajo del hogar y de cuidados en 2019. En total se destinaron 7.247 millones de euros al pago de salarios y seguridad social. Este porcentaje aumentó al 21% en los hogares formados por una persona sola de más de 65 años, que dedicaron, de media, uno de cada tres euros de sus ingresos a pagarlo.

En los países, en los que hay una mayor inversión en servicios públicos se desploma el número de trabajadoras del hogar y sube con fuerza el de empleadas de servicios sociales. Las cifras hablan por sí solas: el 28% de las trabajadoras del hogar de toda la UE están en nuestro país.

La organización reclama la modificación de las prestaciones económicas que actualmente reciben las familias en el marco del sistema de atención a la dependencia, ya que muchas de ellas se usan para el pago de trabajadoras del hogar sin control alguno sobre sus condiciones laborales o sobre la calidad de los cuidados que prestan. Según sus estimaciones, hasta 650 millones de euros podrían estar saliendo directamente desde las arcas públicas a pagar este trabajo y, parte de ese dinero, se estaría yendo a la economía sumergida.

Los mismos derechos que el resto

Oxfam Intermón recuerda que hace ya casi una década que se planteó equiparar los derechos y obligaciones de las trabajadoras del hogar al resto de asalariadas y que, cada vez que se ha acercado el plazo legal para su integración plena en el Régimen General de la Seguridad Social, se ha pospuesto esta medida. “Se mantiene sine die a un amplio colectivo de mujeres en la precariedad para que su labor sea asequible para el resto de la población. No es coherente con una sociedad que se dice comprometida con la igualdad de género”, destaca Liliana Marcos.

La organización valora positivamente el actual compromiso del Gobierno de ratificar el Convenio 189 de la Organización Mundial del Trabajo y pide que esto suponga la equiparación total de derechos y deberes con el resto de personas trabajadoras y la puesta en marcha de políticas que permitan que el reconocimiento formal de derechos no se quede en papel mojado

Este reconocimiento y el apoyo a los colectivos que las defienden forma parte de una campaña puesta en marcha por la organización y que, bajo el nombre “Mirar de otra forma”, quiere dar visibilidad y lograr fondos para apoyar a colectivos vulnerables que han padecido especialmente las consecuencias de la pandemia, en España y en el mundo.