En España, las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón iniciaron el pasado mes de septiembre un litigio contra el Gobierno español por inacción ante el cambio climático que fue admitido por el Tribunal Supremo
En su sentencia sobre el denominado 'caso del siglo' en Francia, dictada esta misma mañana, el Tribunal Administrativo de París reconoce la responsabilidad del Estado francés en la crisis climática y considera ilegal que incumpla sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Estado es también responsable de "daños ecológicos".
Se trata de una sentencia histórica que supone un aviso para el resto de Gobiernos europeos que, como el de España, enfrentan demandas por esta causa.
Las cuatro ONG francesas que demandaron al Estado francés hace ya dos años (Greenpeace Francia, Oxfam Francia, Notre affaire à tous y La Fondation Nicolat Hulot) han acogido con satisfacción esta primera victoria y esperan un juicio aún más histórico en primavera: el Gobierno galo podría ser condenado a tomar medidas adicionales sobre el clima.
"Más de dos años después del inicio del proceso, apoyado por 2,3 millones de personas, esta decisión marca una primera victoria histórica para el clima y un gran avance en la legislación francesa. Esta sentencia también es una victoria para la verdad: hasta ahora, el Estado ha negado la insuficiencia de sus políticas climáticas, a pesar de la acumulación de evidencias (superación sistemática de los techos de carbono, informes del Consejo Superior del Clima, etc.). Si la nueva Ley de Clima de este Gobierno es insuficiente para lograr los objetivos marcados, esperamos que la justicia no se limite a reconocer la culpa del Estado, sino que también lo obligue a tomar medidas concretas para, al menos, cumplir con sus compromisos climáticos", han señalado las organizaciones tras conocer la sentencia.
En España, las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón iniciaron el pasado mes de septiembre un litigio contra el Gobierno español por inacción ante el cambio climático que se encuentra en manos del Tribunal Supremo.
"La sentencia francesa envía un mensaje muy claro al Gobierno de España y al resto de Gobiernos europeos: la inacción ante el cambio climático es ilegal. La justicia se ha situado del lado de quienes llevan décadas luchando contra el cambio climático y en favor de los derechos humanos", ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de las tres organizaciones: "Por eso, mientras el Gobierno de España siga sin reducir las emisiones de CO2 de acuerdo con las recomendaciones científicas, para limitar el aumento de la temperatura global en 1,5 ºC como máximo, seguiremos acudiendo a los tribunales. No estamos hablando de fríos números, sino de las consecuencias devastadoras que el aumento global de la temperatura puede tener para la vida y la salud de las generaciones presentes y futuras".
Hasta el momento, más de 55 organizaciones, movimientos y plataformas de todo el territorio nacional se han sumado a la demanda. En paralelo, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón continúan recabando adhesiones ciudadanas y ya cuentan con el apoyo de más de 37.000 personas
Ola internacional de litigios climáticos
El proceso judicial contra el Gobierno de España comenzó en septiembre de 2020 con la presentación y posterior admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Posteriormente, el pasado 16 de diciembre, las organizaciones presentaron la demanda, de casi 200 folios, que incorpora las últimas referencias científicas y evidencias de los impactos sociales, económicos, físicos y biológicos del cambio climático, así como de la vulneración de derechos humanos derivada de este.
Esta demanda se enmarca dentro de una ola internacional de litigios climáticos que sostienen que la falta de acción contra el cambio climático vulnera los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras: desde mediados de la década de 2010, se han iniciado más de 150 litigios contra Gobiernos de todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bélgica, Irlanda o Nueva Zelanda son solo algunos de los países cuyos Ejecutivos enfrentan actualmente demandas por esta causa.
