El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos de ejecución presupuestaria de Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social, que reflejan el impacto de la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas en los meses previos para atender la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia.

En concreto, en los once primeros meses del año el déficit conjunto de las Administraciones Públicas, excluidas las Corporaciones Locales, sin incluir la ayuda financiera, se sitúa en 87.602 millones de euros. En términos de PIB, el déficit de estos tres subsectores equivale al 7,82%.

Administración Central

El déficit de la Administración Central (excluida la ayuda financiera) asciende en noviembre a 72.400 millones, que equivale al 6,46% del PIB. Si se incluye la ayuda a instituciones financieras, el déficit de la Administración Central se mantiene hasta noviembre en el mismo porcentaje.

El déficit del Estado en los once primeros meses se sitúa en 72.256 millones de euros, lo que equivale al 6,45% del PIB. Si se descuenta el gasto en intereses (déficit primario) la cifra se reduce hasta el 4,63% del PIB. Esta evolución se debe al descenso de los recursos un 12,7%, hasta los 162.429 millones, aunque modera la caída respecto a meses anteriores. También obedece al aumento de los gastos un 19,2%, hasta los 234.685 millones, correspondiendo casi el 87% del incremento registrado a gastos relacionados con la emergencia sanitaria.

De hecho, los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a la Seguridad Social y a las CCAA para garantizar los recursos suficientes en la lucha contra la pandemia.

Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 144 millones excluida la ayuda financiera, un 72,6% inferior al registrado en 2019, situándose en el 0,01% del PIB, Esta evolución se debe a un incremento del 1,4% de los ingresos, fundamentalmente de las transferencias recibidas del Estado; y una disminución de los gastos del 0,6%, debido principalmente a la disminución de las transferencias a otras AAPP.

Comunidades Autónomas

La Administración Regional ha registrado un superávit de 3.223 millones, lo que supone el 0,29% del PIB, frente al déficit del 0,25% del PIB registrado hace un año. Esta evolución positiva, ya registrada en los meses previos, se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos económicos necesarios a las Comunidades Autónomas para atender los gastos derivados de la emergencia provocada por la COVID-19.

Los ingresos crecen hasta noviembre un 8,5%. En esta evolución cabe destacar el incremento del 14,5% que registran las transferencias recibidas de otras AAPP por los mayores recursos recibidos del Estado, y el aumento del 4,2% de los recursos impositivos, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 13,7% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación.

Los Impuestos sobre la producción y las importaciones descienden un 22,6%, en línea con la caída registrada en el ITP y AJD.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 4,6%, los consumos intermedios crecen un 9,4%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 5,7% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID-19 hasta noviembre. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 2,9%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia.

Las subvenciones se elevan un 13,9% y las prestaciones sociales un 6,8%. Entre los gastos que descienden nos encontramos con las transferencias entre AAPP, que caen en un 1,5%, así como los intereses y la inversión, que disminuyen en un 16,7% y en un 1%, respectivamente.

Todas las CCAA (salvo Navarra y País Vasco) registran hasta noviembre de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, el resto, es decir un total de 12 comunidades, logran situarse en superávit.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, el impacto derivado de la COVID-19 alcanza 7.089 millones en gasto socio-sanitario, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 1,65% del PIB, cifra en la que impactan con fuerza los efectos de la crisis sanitaria, económica y social ocasionados por la pandemia, especialmente sobre las prestaciones sociales. Hasta noviembre, los recursos se han incrementado un 14,1%, especialmente por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros que aumentan un 22,1%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en 27.247 millones, lo que representa el 2,46 % del PIB.

El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 5.111 millones, un 0,46% del PIB. Esta cifra recoge el impacto de la transferencia de 18.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales aumentan en 1.727 millones, debido fundamentalmente a la revalorización para 2020 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y la consiguiente actualización de bases mínimas y del tope mínimo de cotización.

Por el lado de los gastos, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 142.907 millones, un 8,8% más que el año anterior, debido, fundamentalmente, a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectados por la COVID-19. En cuanto al gasto en subvenciones del sistema, este asciende a 6.768 millones, de los cuales el 97% se debe a bonificaciones y exoneraciones de cuotas sociales.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha registrado un déficit de 13.245 millones hasta noviembre. Las cotizaciones sociales descienden un 0,9%, frente a las prestaciones por desempleo que crecen hasta alcanzar en noviembre los 33.392 millones.

Al igual que en los meses anteriores, la evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de noviembre de más de 14.364 millones, de manera que los beneficiarios de estas prestaciones derivadas de la cobertura frente a la COVID-19 suponen el 54,8% del total de beneficiarios por prestaciones por desempleo.

Finalmente, las subvenciones del SEPE ascienden a 3.104 millones, un 41,5% más que el año anterior, por las exenciones y bonificaciones de cuotas relacionadas con las medidas para paliar los efectos de la COVID-19 y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.

Por último, el FOGASA registra hasta noviembre un resultado negativo de 69 millones debido a la reducción de los ingresos un 0,8%, y un aumento de los gastos en un 50,8%.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia