El ministro de Consumo, Alberto Garzón ha anunciado que va a intensificar, en colaboración con las comunidades autónomas, la vigilancia de prácticas comerciales engañosas que realizan las empresas energéticas.
A lo largo del año 2020, Consumo ha constatado que en la información que las empresas proporcionan a los clientes se producen omisiones sobre impuestos aplicables, una práctica que provoca distorsión sobre el precio final de la energía. Para ello, Consumo ejercerá la acción de cesación ante los tribunales de justicia contra estas acciones publicitarias.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Garzón ha expuesto que, en la problemática del mercado energético, el Ministerio de Consumo se centra en el impacto que tiene el comportamiento del sector sobre las personas consumidoras. En ese sentido, el ministro ha desarrollado las medidas que, desde su departamento, buscan reforzar la protección de la ciudadanía ante el sector energético, especialmente de la más vulnerables. Garzón ha apuntado hacia reformas encaminadas a simplificar la factura eléctrica para una mayor comprensión por parte del consumidor.
En ese sentido, Garzón también ha advertido que los servicios de atención al cliente de las compañías eléctricas son de las que registran el mayor número de reclamaciones antes las autoridades de consumo. Con esta realidad, el ministerio trabaja en el proyecto de Ley Integral de Servicios de Atención al Cliente. Esta Ley, según ha explicado Garzón, busca homogeneizar la calidad de la atención al cliente y llegará al Congreso en 2021. El proyecto pretende facilitar el acceso a una atención eficaz, transparente, completa y veraz en los servicios de información, quejas, reclamaciones e incidencias, según ha detallado.
A estas medidas se suman las ya aprobadas por el Consejo de Ministros recientemente. De un lado, la prohibición de la tarificación especial en la atención telefónica de servicios básicos, los conocidos 902. De otro lado, la incorporación a la legislación estatal de la figura jurídica de la persona consumidora vulnerable. Para Garzón, este paquete de medidas conforman un marco de actuación amplio para garantizar los derechos de los consumidores, tal y como establece la Constitución.
Además, Garzón ha añadido que su cartera trabaja junto a la de Transición Ecológica -competente en materia de política energética y responsable de la regulación del mercado eléctrico- en diferentes acciones de sensibilización y formación. El objetivo compartido es facilitar la compresión de la factura de la luz a los usuarios. Según ha explicado, el Gobierno pretende que miles de personas consumidoras conozcan mejor los servicios que tienen contratados, el uso que hace de los mismos y la información que le suministra su comercializadora. Para Garzón, supone un aspecto esencial para la prevención de fraudes y abuso y para el conocimiento de las correspondiente reclamaciones y denuncias.
Por último, el ministro ha destacado el trabajo que se está realizando junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha anunciado la puesta en marcha de nuevas iniciativas conjuntas relacionadas con el ahorro en costes de luz. Consumo y CNMC quieren realizar un acompañamiento a la ciudadanía en la interpretación de sus facturas de electricidad. El proyecto, que se desarrolla a través del Plan de Digitalización de la Administración, pretende atajar el enrevesamiento de las facturas.
Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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