En la década de los 2000 se empezaron a instalar los complejos de energías renovables en toda la península ibérica. Pero los científicos constatan que esta transición energética enfocada únicamente en la tecnología carece de atención hacia el territorio, saturándolo con proyectos a gran escala y líneas de altas tensión que degradan el paisaje y la biodiversidad y genera el ideal de consumo ilimitado.

La Alianza Energía y Territorio “ALIENTE” surge en este contexto, donde numerosas organizaciones se han unido “para proponer una transición energética justa, basada en la generación renovable distribuida, el ahorro energético y el autoconsumo, una transición que ponga la defensa del territorio y su biodiversidad en el centro”.

Esta organización quiere, ante el despliegue de nuevas y grandes infraestructuras de fuentes de energías renovables, que se tengan “en cuenta todos los impactos y límites asociados al desarrollo de dichas fuentes”, sin realizar presiones sobre el territorio y los seres vivos que lo habitan, además de mejorar, como premisa, la eficiencia energética y la reducción del consumo global.

Varios investigadores españoles han señalado que el desarrollo de renovables a gran escala puede suponer una pérdida de biodiversidad irreversible con unas consecuencias impredecibles, y abogan por realizar una adecuada planificación en el desarrollo de las energías renovables, así como mejorar el proceso de evaluación ambiental atendiendo a la evaluación previa que anticipa el impacto real de los proyectos que afecta directamente a los ecosistemas y al territorio.

ALIENTE cree “firmemente que una transición energética debe planearse a partir de las necesidades presentes y futuras de la sociedad, a través de un ambicioso plan orientado a la reducción de las necesidades de la sociedad y a la implementación de prácticas dirigidas a la gestión de la demanda que reduzcan las necesidades netas de potencia de generación y que acerquen las fuentes de producción a las de consumo, evitando el transporte innecesario de energía”.

Las entidades proponen una serie de medidas que garanticen la conservación de la biodiversidad en el desarrollo de transición energética, entre las que destacan:

Aprobación de un plan de áreas de exclusión vinculante que prohíba la construcción de instalaciones de energía renovable a gran escala.

Paralización temporal de la autorización de nuevas industrias eólicas y fotovoltaicas hasta que se diseñe el plan de áreas de exclusión.

Elaboración de los correspondientes Planes eólicos y fotovoltaicos a nivel autonómico.

Se deben autorizar exclusivamente 53 GW de los 129 GW con derecho de acceso para la conexión a REE.

Ampliación de la Red Natura 2000.

Aprobación urgente de los planes de conservación y gestión de especies en peligro y vulnerables.

Catalogación de todas las especies que cumplan con los criterios del RD 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y de la Resolución de 6 de marzo de 2017 sobre los Criterios Orientadores en cualquiera de las categorías del Catálogo (‘en peligro’ o ‘vulnerable’).

Mejora de los estudios de campo de los Estudios de Impacto Ambiental, así como de los trabajos de Vigilancia Ambiental posoperacionales acorde con el conocimiento científico más actualizado.

Debe garantizarse la independencia en las fases de la evaluación de impacto ambiental que dependan de los promotores.

Establecimiento de medidas para evitar el fraccionamiento ilegal de proyectos.

Aplicación urgente de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Los datos de mortalidad de aves y mamíferos de las industrias eólicas y fotovoltaicas deben ser públicos y estar a disposición de la ciudadanía en la sede electrónica de las administraciones competentes.

Transposición completa de las Directivas Europeas de Energía Limpia, conocidas como “Paquete de Invierno”.