El Gobierno continúa estancado en eludir su responsabilidad sobre la gestión de las residencias de mayores y culpa a las CCAA y proteger así al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Así se desprende de una respuesta escrita, que registró el senador de VOX José Manuel Marín, donde se argumenta que el Ejecutivo «ha adoptado una serie de medidas urgentes para apoyar a las Comunidades Autónomas en la gestión de la crisis sanitaria», entre las que cita el «reforzamiento de la intervención» de las regiones.

En su pregunta, Marín explicaba al Ejecutivo que artículo 148.1.20. de la Constitución Española indica las CCAA «podrán asumir competencias en las siguientes materias: 20.ª Asistencia social», por lo que acusa directamente al Gobierno de «mentir». Demostraba, además, el senador en su pregunta que el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma, indicaba que «cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del Estado de alarma».

Las CCAA dependían de la autoridad competente

Así, Marín insiste en que «queda demostrado que las CCAA no tenían competencia exclusiva en materia de Servicios Sociales», sino que, por el contrario, «su acción dependía de las órdenes directas de la autoridad competente en el Estado de Alarma».

«Tras la declaración del estado de Alarma, el Gobierno asumió el mando único y centralizó en él toda decisión», puntualizaba en su pregunta.

En su respuesta, el Ejecutivo celebra «haber trabajado para proteger la salud de la ciudadanía, especialmente a aquellos colectivos más vulnerables como son las personas mayores». Unas declaraciones que chocan con los datos que maneja el propio Gobierno, que cifra en 20.268 ancianos fallecidos durante la primera ola de la pandemia.