El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, ha presentado las líneas estratégicas del Ministerio.

Estas líneas estratégicas se sintetizan en dos objetivos principales:

Promover la cooperación y la cohesión territorial mediante el diálogo entre administraciones y la búsqueda de consensos para desarrollar y fortalecer el Estado autonómico y mejorar la cohesión social.

Acometer las reformas necesarias para lograr una modernización reflexiva de las administraciones públicas (AAPP). Es decir, implementar medidas para lograr que las administraciones públicas contribuyan activamente en el proceso de transformación económico y social.

Hernández Spínola, que ha comparecido en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso para explicar los presupuestos para 2021 de su competencia, ha resaltado que "siempre apostamos por el diálogo y el acuerdo con los agentes sociales como mecanismo inherente al proceso de toma de decisiones, una forma de actuar de la que hemos dado ejemplo en el período de tiempo que ejercemos nuestra responsabilidad".

La aprobación de estos presupuestos resulta esencial, ha asegurado, porque permitirán seguir trabajando para "acometer las transformaciones que España necesita, no solo para superar esta crisis, sino para salir de ella más fortalecidos".

Presupuestos y líneas estratégicas

Las líneas estratégicas del Departamento se dividen en dos ámbitos (Política Territorial y Función Pública), relacionados y compartiendo ejes vertebradores:

Incremento de la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos.

Mejora del funcionamiento de las administraciones públicas para hacer efectivos los derechos de las personas y mejorar sus condiciones de vida.

Avanzar en el reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales de la ciudadanía y otros nuevos derechos, como los derechos solidarios y digitales, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables.

Apostar por el diálogo y la búsqueda de un mínimo común de entendimiento con agentes sociales, comunidades autónomas y entidades locales, dentro del proceso de modernización de las administraciones públicas para lograr una mayor cohesión social y territorial.

El proyecto de presupuestos del Ministerio y sus organismos autónomos adscritos (INAP y MUFACE) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), para 2021 asciende a 2.509,08 millones de euros, aumentando en 338,01 millones de euros, lo que representa un incremento del 15,57%.

El presupuesto del Ministerio (sin incluir INAP, MUFACE, ni CTBG) es de 619,23 millones, un aumento de 263,38 millones, y un incremento porcentual del 74,02%.

Líneas estratégicas en Política Territorial

La cooperación territorial es consustancial a nuestro modelo de Estado autonómico, descentralizado y un importante elemento de modernización de las administraciones públicas.

El secretario de Estado ha explicado algunos avances:

Relaciones bilaterales y multilaterales con las CCAA, reactivando la Conferencia de Presidentes, Conferencias Sectoriales e impulsando otros órganos multilaterales como la CARUE.

"Nuestro objetivo es mejorar la coordinación entre las distintas administraciones públicas. En 2020 se han celebrado 17 Conferencias de Presidentes y 140 conferencias sectoriales".

La CARUE, el 28 de mayo abordó la crisis del Covid-19, el Brexit y medidas de coordinación y cogobernanza; y el 27 de octubre abordó de forma monográfica el Brexit.

Reducción de la litigiosidad entre el Estado y las CCAA y contribuir al desarrollo estatutario. "Tratamos de reducir la conflictividad sustituyéndola por la negociación y la cooperación jurídica, por eso hemos designado representantes de la AGE en las Comisiones Bilaterales en materia de traspasos con Illes Balears, Extremadura, Canarias y Navarra; y hemos negociado con el País Vasco un calendario de traspasos, culminando tres de ellos; e impulsamos la negociación de traspasos con Navarra".

Con las EELL, "reformas de calado que requerirán gran consenso político". Asimismo, mejorar la regulación aplicable a municipios de menor población para asegurar la calidad democrática, la prestación de servicios públicos y contribuir a fijar población en el territorio.

Texto legal que regule el régimen jurídico de los Municipios de Menor Población, "que esperamos presentar próximamente".

Ayudas por catástrofes hasta el 31 de marzo de 2020. Ayudas por un 50% del coste de reparación de infraestructuras municipales, daños por incendios, desbordamientos de ríos y otras catástrofes.

Reforzar la presencia AGE en el territorio y promover la desconcentración territorial, localizando instituciones estatales fuera de Madrid y mejorando la prestación de servicios, como las oficinas de extranjería.

Proteger y mejorar la cooficialidad de las lenguas: "Convocaremos el Consejo Oficial de Lenguas este mes", ha añadido el secretario de Estado.

Programas presupuestarios asociados

Programa para impulsar la colaboración entre los tres niveles (central, autonómico y local) dotado con 10,33 millones, con un aumento del 1,67%.

Programa de cooperación entre la AGE y las EELL, con 35,39 millones de euros. Se incrementa en un 5%, hasta los 2,1 millones de euros, la transferencia a la FEMP.

Se mantiene el Fondo de Inversión de Teruel (FITE), con 30 millones de euros, como medio de cooperación para el desarrollo económico de zonas con especiales dificultades estructurales.

Programa para mejora de la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado en el Territorio, con 266,01 millones de euros, un incremento del 2,70%.

Líneas estratégicas en Función Pública

Mejorar las retribuciones en el ámbito del sector público. En enero se aprobó un primer incremento del 2% al inicio de legislatura y la semana pasada se comunicó el aumento del 0,9 parara 2021, reconociendo el esfuerzo de las empleadas y empleados públicos durante la pandemia.

Mantener e impulsar las relaciones con los sindicatos. "Hemos alcanzado 12 acuerdos, sobre importantes reformas, como la regulación del teletrabajo, que favorece la conciliación e impulsa la digitalización de la Administración en línea con la Agenda España Digital 2025".

Acuerdo sobre el encuadramiento del personal laboral que "mejoró las condiciones de 34.000 empleados públicos".

Ley de Función Pública de la AGE que desarrolle el EBEP

La modificación del EBEP en materia de teletrabajo en septiembre es una de las reformas que, por las necesidades detectadas con la pandemia, se acometió de manera urgente con el respaldo de los agentes sociales.

"Presentaremos próximamente el proyecto de Ley de la Función Pública de la AGE para regular cuestiones como la carrera horizontal, la evaluación del desempeño o cargos directivos y mejorar la gestión de los recursos humanos de la AGE y la formación", ha asegurado el secretario de Estado, y ha abordado otros asuntos:

Mejora en el acceso a la función pública, reducción de la temporalidad, agilización y mejora de los procesos selectivos, teniendo en cuenta los cambios sociales y el progresivo envejecimiento del personal.

El 27 de octubre se aprobó la OEP 2020 con 28.055 plazas, con la mayor oferta en promoción interna de la historia con 8.996 plazas. La OEP incluye una reserva de 1.255 plazas para personas con discapacidad.

El III Plan de Igualdad de la AGE se aprobará próximamente negociado con los sindicatos y, en paralelo, se adoptará un Protocolo sobre Acoso Sexual.

Novedades del proyecto de Ley de PGE en materia de empleo público:

En primer lugar se regula, con carácter básico, la subida salarial para las empleadas y empleados públicos del 0,9%.

Establece una tasa de reposición general del 100% y una tasa del 110% para sectores prioritarios. Las FCSE, policías autonómicas y locales y las EELL que amorticen deuda tendrán una tasa del 115%.

Se propone incluir una nueva disposición adicional para homogeneizar en un 100% el porcentaje de tasa adicional de estabilización del personal de empleo temporal para evitar discordancias entre los PGE de 2017 y 2018.

Otra disposición adicional para la vinculación presupuestaria de la masa salarial del IV Convenio Único del personal laboral de la AGE, para que la ejecución del nuevo encuadramiento profesional continúe en 2021.

Mejoras técnicas en la redacción del régimen de varios permisos previstos en el EBEP, como adopción, lactancia, enfermedad grave, vacaciones devengadas y no disfrutadas o clarificación de dudas con el establecimiento de un nuevo régimen jurídico en valoración de trienios.

Se modificará la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público con varios artículos que regulan las agencias estatales.

Proceso de modernización de MUFACE, con Plan Estratégico 2021-2021, receta electrónica, de la que ya se benefician casi todos los mutualistas e implantación de la oficina virtual.

Apuesta por la transparencia; fortalecer el INAP, como referente de todas las AAPP para la formación y la captación de talento; evaluación de políticas públicas a través del IEPP. El 29 de octubre se aprobó el IV Plan de Gobierno Abierto y próximamente aprobaremos el Reglamento de la Ley de Transparencia y elaboraremos un Plan de Captación de Talento y un plan de formación en materia de evaluación en la AGE.

Programas presupuestarios asociados.

Para sufragar algunas medidas, los siguientes programas presupuestarios:

Actuaciones para ordenación y gestión de la Función Pública, diálogo social, impulso de la gobernanza y gobierno abierto, entre otras. Programa con un incremento del 5,33%, y dotado con 19,12 millones de euros.

El programa del INAP para ejercer sus competencias en formación y selección está dotado con 93,42 millones, con un incremento del 9,32%.

Programas MUFACE para cubrir permisos por incapacidad temporal, riesgo por embarazo, lactancia, invalidez, etc. y gastos de la prestación sanitaria, se incrementan en un 8 y un 3,39%, respectivamente.

Actuaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno experimenta una subida del 4,31% para reforzar los medios del Consejo.

Plan de recuperación y fondos europeos

Una novedad es el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, presentado por el Gobierno el pasado 7 de octubre. El programa en Política Territorial y Función Pública impulsará la cuarta de las diez políticas palancas, la "Administración del S. XXI", la modernización de las AAPP basada en la digitalización de los servicios, en la mejora de la eficiencia y los servicios.

Para el período 2021-2023, el Ministerio contará con 600 millones de euros: 570 millones, el 95%, irá destinado a CCAA (340M€) y EELL (230M€) y 30 millones, el 5% restante, destinado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, con las siguientes líneas de actuación en 3 años:

Modernización digital en la gestión de recursos humanos

Impulso de la digitalización de procedimientos y registros electrónicos

Plataforma tecnológica para la atención ciudadana y mejora de la accesibilidad del Portal de la Transparencia

impulso a la política de Gobierno Abierto en entorno digital

Desarrollo de un programa de atracción del talento digital

Potenciar la comunicación de MUFACE con los mutualistas

Implantación de la Historia Clínica Digital de los mutualistas

Mejora, descentralización y telematización de los procesos selectivos

Innovación, digitalización del aprendizaje y formación en teletrabajo

Este Plan se distribuye por anualidades. La parte sustancial (80%) en los dos primeros años, 2021 y 2022, quedando el 20% restante para 2023.

El secretario de Estado ha incidido en que la recuperación es de nuestra economía y también de nuestra sociedad, "una recuperación inclusiva, igualitaria, justa, que no deje a nadie atrás y que trabajemos para una transformación hacia lo que este país quiere y debe ser".

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia