El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha mostrado en el Congreso el firme compromiso del Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda asequible a familias con menos recursos y ha afirmado que se está trabajando con el propósito de cumplir con los acuerdos de investidura.

En su intervención, Ábalos ha mencionado que, desde 2018, se ha dado a la vivienda la prioridad que merece para favorecer el acceso social a la misma, como demuestra el desarrollo del Plan de Acción de la Agenda Urbana Española que, junto con la Estrategia de Movilidad, son los dos instrumentos claves que guiarán la política del Ministerio.

En este sentido, el ministro ha recordado las medidas que está acometiendo el Gobierno en materia de vivienda: la elaboración del Sistema Estatal de Índices del Precio del Alquiler; el Estudio sobre Vivienda Social en España; el análisis de la situación derivada de la crisis por la COVID-19; y el Anteproyecto de ley por el Derecho a la Vivienda.

El Sistema Estatal de Índices del Precio del Alquiler, ante la inexistencia de estadísticas oficiales sobre precios hasta ahora, representa más de 11,2 millones de bienes inmuebles que han sido arrendados como vivienda habitual entre los años 2015 a 2018, por lo que permite un análisis territorial pormenorizado, y se ha elaborado con dos objetivos:

Garantizar la transparencia y el conocimiento de la evolución del mercado del alquiler de viviendas, con información fiable y contrastada.

Servir para la aplicación de políticas públicas, en especial las enfocadas al incremento de la oferta de vivienda asequible.

Estudio sobre Vivienda Social

Ábalos también ha mencionado el Estudio sobre Vivienda Social en España, del que se han sacado conclusiones de calado y que pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas en favor de este tipo de vivienda dirigida a personas y hogares con dificultades de acceso en dicho mercado.

Entre los datos más significativos, se encuentra la estimación del parque de vivienda social de titularidad pública existente en nuestro país, que está situado en el entorno de las 290.000 viviendas sociales -180.000 de titularidad de las comunidades autónomas y 110.000 municipal-. Una cifra que contrasta con los más de 2,3 millones de viviendas protegidas construidas en el periodo 1981-2019, como consecuencia de que tales viviendas protegidas han sido destinadas de manera mayoritaria a la venta, teniendo muy escaso peso la promoción de vivienda pública destinada al alquiler.

El ministro, en su comparecencia en el Congreso, ha subrayado que "estamos trabajando en el análisis de la situación en materia de vivienda que la crisis sanitaria está ocasionando en nuestro país", una situación que ha producido cambios en las rentas de los alquileres y en la situación económica de los ciudadanos donde arrendadores y arrendatarios han intentado llegar a acuerdos, el mercado ha estado parado en estos meses y viviendas que se dedicaban al alquiler turístico se han pasado al mercado residencial.

Al respecto, el ministro ha expuesto la necesidad de analizar muy bien la situación en su conjunto, "para abordar y establecer determinadas políticas públicas que incrementen la oferta de vivienda asequible y garanticen el acceso a una vivienda".

Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda

Para terminar con el análisis de las actuaciones del Mitma en materia de vivienda, el ministro ha puesto en valor el diseño de la estrategia a medio y largo plazo, basada en el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, cuya consulta pública previa está abierta hasta el próximo 15 de noviembre y que se está trabajando para que sea lo más consensuada posible y tenga los máximos puntos de encuentro.

"España necesita una política de vivienda ambiciosa y sostenida en el tiempo", ha afirmado Ábalos y, por este motivo, ha insistido en que esta Ley es necesaria, siempre desde la base de la concertación y cooperación con las CCAA y Ayuntamientos; oportuna, ya que una parte importante de la población tiene serias dificultades de acceso a la vivienda a precio asequible; y eficaz, entre cuyos objetivos se pueden destacar los siguientes:

Regular las políticas de vivienda como servicio público de interés general.

Promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda estables.

Reforzar el derecho de una vivienda digna a precio asequible.

Dar transparencia, seguridad e información como garantía del derecho a la vivienda.

Y facilitar una regulación que limite las subidas de los precios de los alquileres en determinados zonas especialmente tensionadas.

Acuerdo sobre regulación de los precios del alquiler

Ábalos ha expresado que "será en este Anteproyecto de Ley donde contemplaremos la contención de rentas de los precios de alquiler de vivienda, con el respeto absoluto y escrupuloso de las competencias de las administraciones autonómicas".

Esta medida se planteará tras oír a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado, "y quiero hacer hincapié que se tratará de una medida oportuna, ponderada, tasada, y proporcional y vamos a conformar diferentes grupos de trabajo para propiciar un debate que permita la elaboración del texto legislativo que, en cualquier caso, desarrollará y respetará el acuerdo de coalición", ha mencionado Ábalos.

La propuesta será elevada al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso en un máximo de cuatro meses. "Con esta Ley mejoraremos la transparencia y la información de las ofertas de vivienda y en los propios contratos de arrendamiento", ha aseverado el ministro.

Medidas para paliar la crisis por la COVID-19

Ábalos ha expuesto, por último, las numerosas medidas tomadas por el Gobierno, en materia de vivienda, para paliar los efectos desde el comienzo de la crisis sanitaria:

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos que afecten a arrendamientos de vivienda.

Prórroga de seis meses en los contratos de arrendamiento que finalicen en este periodo.

En situaciones de vulnerabilidad, cuando el arrendador sea una entidad pública o un gran tenedor, reducción del 50% de la renta, o moratoria de hasta cuatro meses en el pago del alquiler.

Se implementa un nuevo programa de ayudas que permitirá la concesión de ayudas directas al alquiler a las personas arrendatarias.

Se flexibiliza y agiliza la gestión del Plan Estatal de Vivienda.

Se agiliza el trámite de comprobación documental y de requisitos a cumplir, para acceder a los programas de ayuda.

Se ordenó adelantar los importes del Plan Estatal a las Comunidades Autónomas (346+100 M€).

Se incorpora también un programa de ayudas directas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, personas sin hogar y personas especialmente vulnerables.

Se posibilita la adquisición viviendas con ayudas del Plan por la Administraciones y Entidades Públicas.

Y se implanta una nueva línea de avales con garantía del Estado, que permitirá cubrir el pago de hasta seis meses de alquiler.