El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pronunció la conferencia titulada "Justicia 2030: más allá de la Justicia" en el Club de Encuentro Manuel Broseta, de Valencia, donde quiso rendir homenaje a este destacado jurista, asesinado por ETA en 1992. Al acto acudieron la presidenta del Club, Amparo Maties, y el vicepresidente, Salvador Vives.
A preguntas de los asistentes, el ministro Campo afirmó que cree que "más temprano que tarde lograremos ese acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el que espera la ciudadanía y lo que legítimamente reclama". Añadió que "ese es el objetivo de la Proposición de Ley que han presentado hoy los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos". Insistió también en la idea de que "constitucionalista no es solo el que cree en la Constitución, sino el que la aplica".
Durante su conferencia el ministro glosó la figura de Manuel Broseta como demócrata, librepensador y "una persona sin miedo" e indicó que, ante la polarización del debate público y el ruido mediático, "lo mínimo que podemos hacer para homenajearle a él y a todas las personas que dieron su vida en defensa de la libertad es honrar su memoria y seguir defendiendo el racionalismo ilustrado y el Estado de Derecho ante el fanatismo y el populismo extremo".
Campo se detuvo después en diseccionar la actual situación del sector Justicia y el programa Justicia 2030, con el que su Ministerio pretende dar respuesta a las actuales necesidades que este tiene.
Según apuntó el ministro, el problema de la Justicia en España no es de recursos económicos ni recursos personales, es que se ha cerrado en sí misma y se ha relacionado poco con otras administraciones y que no mira lo suficiente a la sociedad. Y añadió que "una Justicia que no se entiende no es útil a la sociedad a la que tiene que servir". También reconoció problemas de organización y falta de eficiencia para sacar adelante todos los asuntos judiciales e indicó que "la Justicia tiene que sincronizarse con una realidad que es cambiante". En este sentido, ha comentado Campo, "en breve aprobaremos en Consejo de Ministros la Ley de medidas de justicia digital y sostenible, que constituye nuestra apuesta de agilización procesal del servicio público".
Igualmente, el ministro Campo explicó que esa Ley contribuirá a dar "un gran impulso a la implantación de soluciones más ágiles y eficientes en la tramitación de los pleitos en los cuatro órdenes jurisdiccionales". Insistiendo en que se pretende impulsar más la mediación y reducir la litigiosidad.
Campo explicó cómo el fenómeno COVID ha removido los cimientos del edificio de la Justicia "pero parte de lo que ha traído la pandemia ha venido para quedarse. Esta crisis sanitaria actúa, en cierta forma, como un acelerador de los cambios que teníamos que acometer y nos enseña que de la pandemia salimos juntos: ganamos todos o todos perdemos".
Proyecto dinámico basado en el diálogo
En la concepción del programa Justicia 2030, el ministro de Justicia apuntó que "se trata de un proyecto dinámico, que nace para ser mejorado en base al diálogo, la cooperación y la cogobernanza. Con los actores de la justicia y la sociedad civil. Con las administraciones responsables para tomar decisiones de una manera más rápida, consensuada y eficaz".
Además, se presenta con un programa económico específico, "ya que hemos alineado Justicia 2030 con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó el Presidente del Gobierno la semana pasada", añadió el ministro. "Desde el Ministerio de Justicia aportamos y vertebramos el Proyecto País".
Entre los proyectos tecnológicos incluidos en el programa 2030, Campo destacó las oficinas municipales de Justicia (los Juzgados de Paz del siglo XXI); el proyecto de transformación digital del modelo de Registro Civil; la transición ecológica de las sedes y la Inteligencia artificial aplicada a la Justicia y orientada al dato.
Los principales proyectos normativos a desarrollar incluyen la reforma del Código Penal en materia de delitos contra la libertad e indemnidad sexual; los delitos de maltrato y abandono animal; la ley del derecho de defensa; y la adaptación de los delitos de rebelión y sedición para actualizarlos al siglo XXI. Asimismo, destacó la reforma de la LECrim, cuyos orígenes se remontan también al siglo XIX, señalando "la superación del juez instructor" para dejar la instrucción en manos del fiscal, como aspecto destacado de dicha reforma.
Por último, el ministro conminó a la búsqueda de "una respuesta que solo puede ser conjunta, entre los ministerios competentes; entre las administraciones territoriales; entre los partidos políticos, sin importar el color; y con la sociedad civil, los académicos y los expertos".
