Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han requisado a lo largo de 2019 un total de 4.977.100 productos falsificados que en el mercado habrían alcanzado un valor de 143.437.177 euros.
Las 1.535 investigaciones policiales emprendidas el pasado año han permitido detener o investigar a 1.552 personas por delitos contra los derechos de propiedad industrial.
El Ministerio del Interior ha hecho públicos los datos del balance anual de la actividad policial en la lucha contra la venta de falsificaciones, estudio estadístico que está disponible completo en el Portal Estadístico de Criminalidad. Este balance recoge la actuación de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d'Esquadra y aquellos cuerpos de policía local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se ha hecho eco de los datos porque contribuyen a la necesaria sensibilización del consumidor español sobre las consecuencias negativas que provoca el consumo de productos falsificados.
Además, la OEPM destaca la novedad en la valoración de las falsificaciones intervenidas, con el esfuerzo tanto del Ministerio del Interior como de ANDEMA (Asociación de Defensa de la Marca). Por su parte, estos datos servirán a la Oficina de Propiedad Industrial e Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que los incluye con los del resto de miembros de la Unión Europea, lo que permite así la comparativa entre ellos y el seguimiento de las tendencias anuales en esta materia.
De los casi cinco millones de productos falsificados intervenidos, 2.417.981 pertenecen al sector de bebidas y comestibles y habrían alcanzado en el mercado un valor de 33.250.082 euros. Le sigue el sector textil: las 470.957 falsificaciones requisadas están valoradas en 33.908.904 euros. En el siguiente peldaño se encuentra el sector de marroquinería y complementos, con 86.706 objetos requisados por un valor de 31.053.486 euros.
Consecuencias negativas
Las infracciones a los derechos de propiedad industrial provocan consecuencias negativas para la economía en general porque destruyen puestos de trabajos directos, reducen la venta de los productos legales y generan efectos no deseados en ámbitos como el social o el de la seguridad y salud de los consumidores, ya que los productos falsificados eluden las normas existentes en esta materia, así como los controles e inspecciones oportunas para su posterior comercialización de forma segura.
Los datos recogidos en el Sistema Estadístico de Criminalidad reflejan que la incautación de estas falsificaciones se ha producido, sobre todo, en las naves, fábricas y almacenes donde se fabrican o desde donde se distribuyen (el 29,26 por ciento de las ocasiones). Los establecimientos de venta (12,24 por ciento) y los recintos aduaneros de puertos y aeropuertos (4,18 por ciento) les siguen en la lista de puntos de incautación.
Castilla y León, Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas que se sitúan en los puestos más elevados del listado que toma como punto de referencia el número de objetos intervenidos durante 2019.
Estos datos avalan la importancia cada vez mayor y el esfuerzo conjunto que requiere la lucha contra las falsificaciones, así como la necesidad de la colaboración multisectorial y público-privada para acabar con esta lacra. El director general de la OEPM agradece la extraordinaria labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra las falsificaciones, así como el firme compromiso manifestado con la publicación de datos, pese a las circunstancias anómalas en las que se encuentra en estos momentos el mundo. Destaca, asimismo, que la protección jurídica de los Derechos de Propiedad Industrial que comienza por su registro, necesita indudablemente de las competencias ejecutivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Pese a que este año no se haya podido celebrar una jornada, como se hacía habitualmente, ya que en la situación de crisis sanitaria actual la celebración del evento no resultaba aconsejable, se insiste en el rechazo a este tipo de actividad delictiva que, según estudios de EUIPO de 2019, suponen pérdidas de ventas con valor de 6.766 millones de euros en España al año y más de 53.467 empleos perdidos.
Culmina así con la publicación de estas estadísticas un mes centrado en la concienciación sobre los perjuicios que causan las falsificaciones y la importancia de apostar por productos originales, tras la celebración de numerosos eventos y jornadas virtuales por parte de la OEPM, con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Vídeo por el Día Mundial Anti-falsificación y la Mesa Redonda Anti-falsificación.
Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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