El Boletín Oficial del Estado publicará mañana la orden que se activa esta fase y los criterios de implantación. La medida supondrá un refuerzo importante de efectivos en la prestación del servicio público durante la transición a la nueva normalidad desde criterios de salud laboral.

La Comisión de Coordinación de Crisis del COVID-19 en la Administración de Justicia ha acordado en su reunión de esta mañana avanzar a la fase 2 de la desescalada en la Administración de Justicia, lo que implica que a partir del próximo martes y durante quince días acudirá a sus centros de trabajo, con carácter general, el 60-70% del personal. Se establecerán turnos de tarde cuando el número de funcionarios impida garantizar la seguridad.

El ministro ha señalado que, junto a esta desescalada gradual y progresiva, el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales a partir del 4 de junio será clave en la reactivación judicial. La medida ha quedado formalmente aprobada hoy por el Consejo de Ministros tras la autorización dada por el Congreso de los Diputados este miércoles a la prórroga del estado de alarma.

Campo ha explicado que "lo más prudente" era reactivar los plazos en esa fecha y no antes, porque permitirá reanudar la tramitación pendiente en las condiciones previstas para la fase 3, con el 100% de efectivos en los juzgados.

El ministro ha anunciado también que su departamento trabaja ya en el diseño y planificación de planes de choque en los órdenes de lo social, contencioso-administrativo y mercantil, los más afectados por el parón de actividad. La idea es identificar desde diferentes parámetros estadísticos dónde es necesario poner el foco y establecer los refuerzos para ayudar a la recuperación económica. El ministro ha llamado a "coordinar y conectar esfuerzos" para el éxito de estos planes específicos de actuación, sobre los que se realizará un seguimiento exhaustivo, para su reedición en 2021. "Tenemos que demostrar que tenemos capacidad para resolver los problemas de la ciudadanía", ha dicho.

El ministro ha pedido a las comunidades autónomas y las administraciones competentes "voluntariedad y generosidad" para articular, también, la puesta en marcha de juzgados que atiendan, de forma temporal, los asuntos derivados de la crisis. Campo ha avanzado que el planteamiento del Ministerio de Justicia es tener en funcionamiento a finales de año 23 de estos órganos que continuarán su actividad en 2021.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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