Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería insistimos en la necesidad de que las medidas de protección que se les facilita a los profesionales de sanidad deben ser de calidad contrastada, a diferencia de las defectuosas mascarillas FFP2 Garry Galaxy con las que estuvieron trabajando durante unos días antes de que fueran retiradas por Sanidad al detectar que no cumplían con ninguna clasificación indicada en la normativa.

SAE ha ampliado su denuncia al Fiscal General del Estado por estas mascarillas, ya que, a la falta de equipos de protección individual adecuados, ahora hay que sumar lotes de material defectuoso, lo que incrementa la sensación de inseguridad y estrés entre los profesionales, que se ven expuestos a un riesgo de contagio y, por supuesto, a la propagación del virus.

La crisis generada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto la falta de recursos en la sanidad pública, pero también la incapacidad de actuación de los gestores sanitarios, que, de manera insistente, toman decisiones sin la previsión y la seriedad que esta situación merecen, saltándose una y otra vez los protocolos de riesgos laborales e, incluso, modificándolos para adaptarlos al material existente en lugar de a garantizar la seguridad de los profesionales.

"Seis semanas después de decretarse el estado de alarma, muchos profesionales continúan sin contar con el material adecuado, ni en calidad ni en cantidad, para abordar esta emergencia sanitaria. Tanto en hospitales como en centros sociosanitarios, se siguen reutilizando mascarillas y batas que están indicadas para un sólo uso, hay centros en los que los profesionales han estado trabajando varios días sin guantes, las bolsas de basura y las fundas de colchones continúan transformándose en improvisados EPIs… Situaciones indignas que nos llevan a continuar exigiendo que se dote a los trabajadores de la protección que precisan, con el objetivo de que se cumpla el compromiso que toda empresa debe tener hacia sus profesionales: garantizar la seguridad y la salud en el ámbito laboral, y eso no se consigue modificando protocolos para adaptarlos a los intereses de los gestores en lugar de a las necesidades de protección de los profesionales", explica Daniel Torres, secretaria de acción social y formación de SAE.