El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España solicita al Presidente del Gobierno y al Ministro de Sanidad que ordenen el cierre de todos los centros de fisioterapia del territorio nacional, por no poder garantizar que no se produzca contagio de COVID-19 entre fisioterapeutas y pacientes

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), ha enviado un escrito al Presidente del Gobierno y al Ministro de Sanidad, en el que solicita que se ordene el cierre de todos los centros y unidades de fisioterapia de todo el territorio nacional, por no disponer del material de protección, como mascarillas, que evite el contagio entre el fisioterapeuta y el paciente.

La fisioterapia es una profesión donde el 90% de la actividad se realiza en centros privados y los tratamientos suponen un contacto directo y mantenido en el tiempo con el paciente. Además, muchos de los pacientes que acuden al fisioterapeuta, por edad y patologías previas, son población de especial protección. Por ello, y ante el desabastecimiento existente de medidas de protección para pacientes y profesionales, desde el CGCFE se considera que es obligatorio que el Gobierno ordene el cierre de las consultas para evitar la propagación del COVID-19, manteniendo, únicamente, el servicio de fisioterapia en el ámbito hospitalario y para las patologías en las que la actuación del fisioterapeuta sea fundamental en la evolución del paciente.

Tal y como explica el CGCFE al Presidente del gobierno y al Ministro de Sanidad en su carta, la gran mayoría de los procedimientos terapéuticos realizados por los fisioterapeutas se realizan ante procesos patológicos que pueden ser pospuestos por su carácter no urgente, evitando así el riesgo, que es mayor que el beneficio que se puede obtener con el procedimiento. Según los responsables del CGCFE: "La asistencia de la ciudadanía a nuestros centros sin poder tomar las medidas de protección adecuadas, provocará un aumento en el número de contagios".

Según el CGCFE, muchos centros de fisioterapia han decidido cerrar sus instalaciones, pero esta situación, unida a la orden SND 233/2020 que indica claramente que estos establecimientos pueden permanecer abiertos, "provoca una indefensión a la hora de poder acceder a las medidas que, en el ámbito laboral, determine el Consejo de Ministros".