La Asociación salmantina también solicita que una comisión de expertos independientes supervise todos los movimientos relacionados con los fondos documentales del Archivo
La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca ha solicitado hoy al Tribunal Supremo medidas cautelares para evitar que los documentos sustraídos del Centro Documental de la Memoria Histórica "no se pierdan en el entramado independentista y sean restituidos en el plazo máximo de un año", según la nota de prensa emitida por la asociación salmantina.
Ante el peligro que corre el patrimonio del Archivo de Salamanca, la Asociación ha puesto en conocimiento del Supremo todos los hechos que llevan a la solicitud presentada hoy, tales como los incumplimientos del ordenamiento jurídico por parte de la Generalidad de Cataluña en connivencia con el Ministerio de Cultura. La solicitud de medidas cautelares también argumenta la voluntad expresa, manifestada por diferentes cargos del Gobierno autonómico de Cataluña, de incumplir los pronunciamientos del Tribunal Supremo.
"En un claro desafío al Poder Judicial, representantes de la Generalidad han declarado públicamente que, en el caso de que la restitución de papeles a sus legítimos propietarios no fuera posible, los documentos y demás efectos ilegalmente en poder de la Administración catalana serían depositados en el Archivo Nacional de Cataluña, lo que implica la expresa desobediencia al fallo de la sentencia ya dictada por el Tribunal Supremo", ha explicado el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez.
Asimismo, la Asociación solicita al Supremo "el nombramiento de una Comisión formada por expertos de reconocida experiencia y solvencia profesional, independientes y que no ocupen ningún cargo político, que supervisen la entrega de documentos a la Generalidad de Cataluña, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, y que, igualmente, vigilen la notificación del acto de identificación a quienes puedan resultar sus legítimos titulares o sus sucesores, y velen por la efectiva devolución al Archivo General de la Guerra Civil Española, situado en Salamanca, de los documentos que, transcurrido un año desde dicha notificación, no hayan sido entregados a sus legítimos titulares o sucesores".
La petición al Supremo se sustenta también en la situación política actual en la que la formación de Gobierno depende de unas negociaciones en las que los partidos independentistas catalanes juegan un papel relevante. "Es más que previsible que, en el seno de estas negociaciones no sean prioridades ni la preservación de la integridad del patrimonio histórico y cultural de todos los españoles ni el cumplimiento de las sentencias judiciales ya emitidas para la restitución a Salamanca de los documentos que no haya sido posible entregar a los legítimos propietarios o sus sucesores".
En este contexto, se pide al Supremo el estricto cumplimiento de la Sentencia, bajo la supervisión directa de este Tribunal, adoptando todas las medidas precisas para la protección de los documentos enviados a Cataluña así como para su conservación, integridad y devolución al Archivo General de la Guerra Civil situado en Salamanca en los casos en que legalmente proceda.
