La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha defendido hoy la articulación de un derecho penal internacional del medio ambiente y la creación de un tribunal supranacional que castigue a los responsables de delitos que algunos ya denominan "ecocidios" o "geocidios".
Así lo ha manifestado en la apertura de las Mesas Redondas sobre el Cambio Climático en las que participan varios fiscales españoles de Medio Ambiente junto a colegas europeos y latinoamericanos que ha tenido lugar en la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP25) que termina hoy en Madrid.
En su discurso, Delgado ha recordado que "el derecho a un futuro medio ambiente sostenible" no está todavía en los tratados y convenios internacionales. "Sigue pendiente la tarea de construir un sólido vínculo entre los derechos humanos y el ecosistema, e integrar su protección en el sistema internacional de defensa y salvaguarda de esos derechos humanos", ha manifestado.
La ministra ha subrayado que, hoy por hoy, no existen mecanismos que permitan exigir responsabilidades por el incumplimiento de los compromisos internacionales alcanzados sobre el cambio climático y sus efectos. Así, tanto la Corte Penal Internacional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos "nacen de convenios internacionales que no incluyen disposición alguna relativa al derecho al medio ambiente o a su protección", por lo que los procesos medioambientales quedan circunscritos a los órganos jurisdiccionales de cada país.
"Si hemos aceptado que la sanción a las más graves violaciones de los derechos humanos no puede quedar a expensas de la voluntad o la eficacia del sistema judicial de un país, los atentados más graves contra el ecosistema han dejado de ser un asunto nacional para convertirse en una materia de gobernanza global", ha advertido Delgado.
Junto a la ministra, en el acto ha participado el Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo Antonio Vercher. Acto seguido han comenzado los coloquios con la presencia de los fiscales de Medio Ambiente españoles Álvaro García y Antonio Pelegrín, y sus colegas Luis Esteves (Brasil) y Rob de Rijck (Holanda) que, junto Horst Büther (Alemania), miembro de la Red Europea para la Implementación y Aplicación del Derecho Ambiental (IMPEL) han debatido sobre la perspectiva jurídica de la contaminación urbana, la provocada por los grandes buques de pasajeros o los incendios forestales.
