La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha recibido, como presidenta del Real Patronato sobre Discapacidad, el Premio CERMI.es 2019, en categoría institucional, otorgado a este organismo.

La ministra ha agradecido el reconocimiento, cuya entrega coincide con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y ha destacado el trabajo del Real Patronato de Discapacidad, "apoyado siempre por la Casa Real".

Carcedo ha destacado que la actividad del Real Patronato sobre Discapacidad es fruto de la colaboración entre los diferentes actores que intervienen en las políticas a favor de las personas con discapacidad (entidades públicas, sociales y privadas).

La ministra ha hecho balance de los logros conseguidos a lo largo de este año por el Real Patronato. Según ha destacado, se ha diseñado el Primer Plan Estratégico de este organismo "con el objetivo de trabajar plurianualmente con metas y estrategias más claras". También se ha puesto en marcha la primera convocatoria de las becas Reina Letizia para la inclusión de jóvenes con discapacidad en el ámbito universitario.

Por otra parte, ha agradecido la actividad de los Centros Asesores del Real Patronato, como el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad, que mantiene del mayor fondo bibliográfico sobre discapacidad en lengua española; el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) y el Observatorio Estatal sobre Discapacidad.

Carcedo ha asegurado que el Gobierno ha trabajado en una serie de reformas cuyo objetivo es que "la igualdad que proclama la Constitución no sea meramente formal, sino también real", tal y como marcan la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030. El compromiso, ha insistido, es conseguir no solo no discriminar, sino lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad.

La ministra ha hecho balance del último año recordando que la reforma de la legislación electoral llevada a cabo el pasado mes de marzo ha permitido que por primera vez en la historia de España, más de 100.000 personas con discapacidad intelectual que tenían restringido su derecho al voto, hayan podido ejercerlo.

"En esta última legislatura, se ha promovido también la reforma de la Constitución, cuyo artículo 49 sigue refiriéndose a las personas con discapacidad como disminuidos", ha destacado. "Es obvio que esa redacción ha quedado obsoleta y ha de ser modificada".

La ministra ha destacado también el trabajo realizado para consolidar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En este sentido, ha destacado que se ha trabajado para aumentar la visibilidad de los centros dedicados a la innovación tecnológica para avanzar en la plena accesibilidad, como es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). También se pretende reforzar la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), que estudia las consultas o quejas presentadas por las personas con discapacidad.

No obstante, Carcedo ha reconocido que "quedan todavía por aprobar las reformas de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad que pretende que las personas con discapacidad conserven, con carácter general, su capacidad de tomar decisiones por sí mismas, con los apoyos puntuales que requieran".

Entre los desafíos, ha destacado el hecho de que la discapacidad continúa siendo un factor de exclusión social. Según ha explicado, esta situación no solo se explica por la presencia de una discapacidad sino por los obstáculos que estas personas padecen en el acceso al empleo de calidad, la integración en el uso de la vivienda, los recursos sanitarios o las relaciones sociales.

Carcedo ha explicado que una función fundamental del Real Patronato es la sensibilización social en materia de discapacidad. En particular, ha insistido, el Real Patronato se fija en aquellas personas a las que su discapacidad les supone otro motivo más de exclusión, como las niñas y niños menores de 16 años que tienen algún tipo de discapacidad, que son especialmente vulnerables en las aulas y se exponen al riesgo de que se les expulse del ámbito educativo.

Finalmente, la ministra ha destacado que también se está vigilante con el incremento de adolescentes con discapacidades psicosociales derivados de Trastornos del Espectro del Autismo o de enfermedades de Salud Mental. Carcedo ha asegurado que se intensificará, como ya se ha hecho este año a través del IRPF, los recursos disponibles para evaluar la situación y diseñar acciones que aborden sus necesidades.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia