La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha defendido que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos propios y ninguno de ellos es prescindible. "Este año celebramos el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño con el lema: Para cada niño, para cada niña, todos los derechos".

​La ministra, que ha impartido la conferencia de la tribuna Foro Economía con motivo del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, -"el Tratado Internacional más ratificado del mundo"-, ha destacado que nuestro modelo de bienestar, uno de los más eficaces del mundo en reducir la pobreza entre las personas mayores, "es torpe a la hora de reducir la pobreza infantil".

Carcedo, cuya conferencia ha sido presentada por el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, ha reconocido que "algo está pasando en España cuando no parece que hayamos logrado generar las condiciones para que todos los jóvenes sientan que pueden criar a sus hijos con seguridad socioeconómica".

 "Nuestro país presenta tasas de pobreza infantil que no podemos asumir", ha insistido la ministra. "En parte, ello se debe a que la inversión en familias y niños es en España escasa todavía y, como nos han explicado algunos investigadores, aquí el tamaño del gasto sí importa".

Carcedo ha explicado que, mientras que Francia, el país con la tasa de fecundidad más alta de Europa, dedica un 3% de su PIB a familias y niños, España escasamente supera el 1%.

"La ciencia nos demuestra que sin actuar sobre la pobreza desde el ámbito público, las posibilidades que un niño tiene de salir de este círculo vicioso de pobreza son prácticamente inexistentes".

La experiencia de pobreza en la infancia, la mala alimentación, el escaso deporte, las tensiones emocionales o las carencias en materia de vivienda determinan la vida de las personas: su educación, su salud presente y futura, su capacidad de encontrar un empleo o el desarrollo de otros hábitos perjudiciales.

"Romper el círculo de la pobreza es una obligación de todos nosotros", ha insistido la ministra. "Por eso, la decisión del Presidente del Gobierno de crear el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil".

En este punto, la ministra ha enumerado algunas de las iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno, "todavía lejos de ser suficientes", para mejorar las condiciones de los niños y las familias. Entre ellas, algunas con un fuerte impacto redistributivo como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional; el Plan de Empleo Digno; el Ingreso Mínimo Vital, "sobre el que ya se ha comenzado a trabajar mediante la mejora de las prestaciones por hijo a cargo"; o el programa VECA de vacaciones de verano para asegurar una alimentación adecuada. Además, la ministra ha citado medidas de salud pública de lucha contra la obesidad infantil.

Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia

Durante su intervención, Carcedo ha anunciado que la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia "está lista". "Espero que las nuevas fuerzas políticas que han entrado en el Parlamento tenga la sensibilidad suficiente para aprobarla lo más rápidamente posible. Se lo debemos a los niños y niñas que lo son ahora y a los que una vez quisieron serlo pero no lo lograron".

En España, en 2018, cerca de 38.000 menores de edad fueron víctimas de algún delito o falta. La mitad de las víctimas de delitos contra la libertad sexual, casi un 48%, son menores de edad.

Además, la mitad de las notificaciones de sospecha de maltrato se producen en la familia y 4 de cada 10 menores perciben la escuela como un lugar inseguro. Solo alrededor de una quinta parte de los abusos son denunciados. "Muchos niños y niñas no saben cómo denunciar y otros, suponiendo que lo que les pasa a ellos también les ocurrirá a los demás, ni siquiera son conscientes de estar siendo agredidos", ha señalado la ministra.

La norma reforma 13 leyes, ha explicado María Luisa Carcedo. Aspira a ser integral, a proteger a los menores en todo su entorno y contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental o moral, sea cual sea su forma de comisión, incluso por medio de la tecnología. Además, contiene nuevos delitos como la difusión a través de Internet de contenidos que inciten a los menores al suicidio, la autolesión o aquellos que promuevan los trastornos alimenticios.

"La norma nos corresponsabiliza como ciudadanos al establecer el deber de comunicación de situaciones de riesgo", ha señalado la ministra. Y recoge medidas para detectar el riesgo en función del comportamiento del menor o de su situación concreta. Pretende prevenir y proteger con actuaciones en el ámbito sanitario, educativo, de los servicios sociales o de la justicia.

Respondiendo a una de sus principales demandas, la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia retrasa de manera muy importante el cómputo de la prescripción de los abusos sexuales, ya que las víctimas tardan años en ser capaces de denunciar los hechos.

"Supone una apuesta por un modelo social que sitúa a las y los niños como sujetos de derechos, en el centro de la acción pública", ha resaltado Carcedo.

Por último, la ministra se ha referido a la inmigración infantil, "niños y niñas que llegan a España sin compañía de sus familias". A fecha de 31 octubre de 2019, en España había 12.786 niños y niñas en esta situación. "Tenemos el reto de ofrecer cuidado y atención a aquellos que están en nuestro país".

"Creemos firmemente, porque así lo han demostrado muchos trabajos, que la inmigración enriquece nuestra sociedad", ha insistido la ministra. "Reivindicamos el artículo 3 de la Convención que afirma que todas las medidas que afecten a los niños deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo".

"Cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tengan capacidad para hacerlo, corresponde al Estado asegurar el cuidado y la protección que sean necesarios para su bienestar".

"Esta obligación adquirida por España impide las expulsiones masivas e indiscriminadas de menores indocumentadas", ha remarcado la ministra. La Constitución Española establece que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.