En la Cumbre de Río de 1992 los países de la OCDE se comprometieron a destinar el 0,7% de su Renta Nacional Bruta para ayudar a los países empobrecidos a alcanzar un desarrollo que satisficiera las necesidades de sus poblaciones. Haciéndose eco de ello en 1994 la gente de nuestros pueblos y ciudades acamparon en plazas y avenidas para reclamar a los distintos gobiernos -municipales, autonómicos y central- que cumplieran ese compromiso si de verdad querían cumplir el anhelo, recogido en la Constitución de 1978, de "establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra".

Los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y comunidades autónomas escucharon a la ciudadanía y pusieron en marcha distintas iniciativas de ayuda oficial para el desarrollo, acción humanitaria y de educación para el desarrollo, convirtiéndose en una seña distintiva del modelo de cooperación española que se fue configurando a partir de la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1998. La cooperación descentralizada ha sido incorporada en la totalidad de los estatutos de autonomía convirtiendo así en ley la voluntad solidaria de nuestra sociedad civil.

El estallido de la crisis financiera internacional en 2008 marcó un antes y un después en muchas políticas públicas. La Ayuda Oficial para el Desarrollo no estuvo exenta y entró en una espiral de recortes que llegó a marcar su mínimo histórico del 0,12% en 2015. Paradójicamente ese año era la fecha marcada para alcanzar el 0,7% tanto en el Pacto de Estado contra la Pobreza como en otros compromisos internacionales firmados por España. Durante una década muchos gobiernos locales han hecho esfuerzos por mantener la cooperación descentralizada y hacerla una herramienta útil para combatir la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad, mientras que otros la han reducido al mínimo o la han hecho desaparecer.

En estos últimos años asistimos a un cuestionamiento de los gobiernos locales como titulares de competencias en cooperación internacional para el desarrollo. Dando una vuelta de tuerca más a las restricciones que supone la Ley de 2013 sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se propone devolver al gobierno central estas competencias cuando los que realmente se pretende es hacerlas desaparecer por pura y dura ideología ya que no existe ninguna base legal para hacerlo.

Estamos inmersos en un contexto de emergencia, provocado por un sistema que excluye y condena a la pobreza a 1.300 millones de personas y al planeta. Un sistema basado en la desigualdad, en especial de las mujeres, y la explotación sin límite de los recursos y en el que la erradicación de la pobreza o la defensa del planeta no son prioridad. Una cuesta abajo sin frenos hacia el colapso ante la que:

Afirmamos, sin temor a equivocarnos, que llevamos en nuestro ADN la solidaridad, el apoyo mutuo y la cooperación. Durante los últimos años la ciudadanía no solo no ha dejado de colaborar con las organizaciones de cooperación para el desarrollo, sino que cada vez son más quienes las apoyan económicamente o que participan como voluntariado, sobrepasando los 2 millones de personas. También se han incrementado las aportaciones económicas habiendo superado con creces los fondos aportados por las administraciones públicas. Cada año aumentan quienes marcan la X Solidaria en el Impuesto de la Renta y, año tras año, 9 de cada 10 de nuestros conciudadanos y conciudadanas siguen manifestando en las encuestas de Eurostat que la cooperación al desarrollo es importante para ayudar a las personas en los países empobrecidos. Por ello reclamamos:

Que la política de cooperación al desarrollo sea asumida en todos los niveles de la administración del Estado, desde el gobierno central hasta el más pequeño ayuntamiento, como una política pública, estable dotada de recursos técnicos y económicos suficientes, garantizando así una acción solidaria transformadora a medio y largo plazo, al margen de cambios electorales.

El reconocimiento del valor específico que aporta la cooperación descentralizada cercanía a la población, bagaje internacional y experiencia acumulada por parte de la Administración General del Estado. En este sentido es necesario mejorar la participación activa de los diversos actores de la cooperación descentralizada en la planificación de la política de cooperación española a través de foros formales e informales. Normalizar las convocatorias de la Comisión Interterritorial y potenciar las "reuniones de agencias" son pasos fundamentales para un camino compartido.

Un incremento gradual del presupuesto destinado a las políticas de cooperación, marcando como objetivo alcanzar el 0,7% del presupuesto antes de 2030. Pedimos que se dote a la Acción Humanitaria de recursos suficientes y mecanismos adecuados ante un contexto internacional en el que la cantidad y violencia de los desastres naturales aumenta cada año. Así mismo pedimos que se promueva la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) para contribuir a la construcción de una ciudadanía global crítica y activa que actúe a favor de la justicia social y la equidad en el mundo.

Insistimos en que los fondos que se destinen para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sensibilizar sobre los mismos no deben ser detraídos de las partidas de Ayuda Oficial para el Desarrollo. Reconociendo el reto que supone la Agenda 2030 en su conjunto (Acuerdo de París sobre cambio climático, Nueva Agenda Urbana - Habitat III, Agenda de Acción Addis Abeba de financiación del desarrollo y el Marco de Sendai para Reducción del Riesgo de Desastres) para alcanzar el desarrollo humano sostenible y el efectivo disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ante el cual todos los niveles de gobierno tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Recomendamos que el Consejo Estatal de Cooperación para el Desarrollo tenga presente, en el proceso de reformas que está impulsando, la singularidad de la cooperación descentralizada española como un elemento estructural para configurar una cooperación moderna que responda a los retos globales canalizando el torrente solidario de la ciudadanía de nuestro país con la sociedad civil de los países empobrecidos.

Consideramos necesario diferenciar la especificidad de la cooperación municipal así como de sus herramientas y programas, en especial las relaciones internacionales y los intercambios de capacidades técnicas y de gestión. Destacamos el valor añadido que aportan al ecosistema de la cooperación descentralizada los Fondos de Cooperación, allí donde los hay, como capital semilla de una colaboración de importantes impactos.

Reclamamos que se busquen fórmulas que reduzcan el desgaste burocrático que sufrimos las organizaciones de cooperación al desarrollo debido a la heterogeneidad del sistema. Es urgente retomar procesos de armonización y homogeneización de criterios en lo relativo a las subvenciones y convenios. Así mismo, acometer la reforma del marco legal que en la actualidad dificulta el despliegue de la cooperación descentralizada, en especial la LRSAL.

Exigimos que la acción de los gobiernos, en ninguno de los niveles administrativos, sea cómplice de violaciones de derechos humanos o de agresiones al medio ambiente, por lo que consideramos imprescindible incorporar el enfoque de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible a la hora de diseñar y llevar a cabo la acción de gobierno. Esto supone tomar partido en cuestiones como el comercio de armas, las políticas de migración y refugio, la fiscalidad internacional, el papel de las empresas transnacionales, la política climática, etc. Así mismo solicitamos que las administraciones locales establezcan criterios de Compra Pública Ética y de promoción del Comercio Justo, la Banca Ética y la Economía Alternativa.

Demandamos que se garantice la participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil, de aquí y de allá, en la políticas de cooperación y que se reconozca el papel de las Coordinadoras Autonómicas de ONGD como entidades representativas del sector que aportan conocimientos y experiencia especializada sobre la materia. La revitalización de los Consejos de Cooperación como organismos de participación es irrenunciable.