En este caso han interpuesto denuncia para evitar que un despacho de abogados continúe con el proceso judicial que se sigue contra Eduardo Contreras, la concejala y el jefe de TIC que entre los años 2012 y 2013 presuntamente idearon un plan para adjudicar a Telefónica todos los contratos de telefonía del ayuntamiento por 1 millón de euros. Los implicados, como se acredita en el procedimiento judicial mediante los documentos remitidos por Telefónica, obtuvieron varias prebendas a cambio como viajes o servicios de telefonía, internet y televisión en domicilios particulares. De hecho existe constancia documental remitida por Telefónica en la que constan viajes pagados por dicha empresa a Madrid, Huelva o Barcelona, algunos incluso antes de ser adjudicado el contrato. Hay que recordar que este contrato fue adjudicado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina, formada entre otros por 2 de las personas incluidas en la candidatura del Partido Popular a las próximas elecciones, Sonia Carrillo Mármol y José Tomás García. (Ver Doc 1)
No hay duda alguna de que el procedimiento seguido para la contratación del Letrado Ángel Parra Martínez, que persigue este caso de corrupción del PP, ha seguido escrupulosamente todos los trámites legales, no en vano fue informado favorablemente por dos letrados municipales (ver Doc 2), debidamente fiscalizado por la intervención municipal y aprobado por la Junta de Gobierno, con la presencia de la Secretaria General del Ayuntamiento (ver Doc. 3). Lo que está claro es que esta denuncia tan solo persigue parar el procedimiento penal seguido contra el exalcalde y la concejala del PP, porque de la investigación, probablemente, se pueda derivar responsabilidad penal por un delito de corrupción contra los miembros de la Junta de Gobierno que participaron en la tramitación de este expediente, entre los que se encuentran dos de los componentes de la lista de José Ángel Alfonso Hernández.
Casualmente, el pasado 10 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, remitió oficio al Ayuntamiento (ver Doc. 4) al objeto de que se enviara "copia íntegra y legible, con su correspondiente índice" de los expedientes que dieron lugar a los hechos por los que los querellados están siendo investigados. La querella, presentada por el letrado Ángel Parra, se dirige inicialmente contra estas tres personas, respecto de las que existen indicios suficientes de criminalidad, pero también contra cualquier otra persona que, a la vista de la instrucción, pudiera revelarse como responsable de los hechos, como podrían ser los miembros de la Junta de Gobierno que aprobaron todos los trámites y la adjudicación de este contrato, del que el Tribunal de Cuentas ya comunicó al ayuntamiento, en 2016, que se observaban múltiples irregularidades, llegando a concluir que "(…) se infiere que se realizaron unos contactos previos con determinadas empresas al margen del procedimiento previsto para la contratación administrativa; actuaciones que, además, no se ajustan a los principios de no discriminación, publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública, al no constar que se adoptaran las medidas necesarias para evitar que se falseara la competencia (de hecho, solamente se presentó un licitador a cada lote)".
"Es muy significativo este proceder pues evidencia cual será la actitud del Señor Alfonso en caso de llegar a la alcaldía, con el resto de casos de corrupción que se están investigando contra miembros del Partido Popular de Molina, su intención, que se revela con esta denuncia, no es otra que intentar archivar todos los casos de corrupción popular y que nuevamente sea el pueblo de Molina de Segura el que salga perdiendo. Particularmente me causa vergüenza que un político que pretende gobernar Molina de Segura intente tapar la corrupción de sus compañeros de una manera tan vil. Pareciera que el Sr. Alfonso, en su calidad de abogado, se está dedicando ahora a defender, con malas artes, a su antecesor Eduardo Contreras que está siendo investigado en este asunto", señala Esther Clavero.
El Partido Popular solicitó copia del expediente que ahora denuncian el pasado 2 de enero (ver Doc 5), siendo autorizado el acceso al expediente íntegro por parte de la alcaldesa el día 8 de enero. Sin embargo han esperado hasta el día 23 de mayo para interponer denuncia ante Fiscalía por los hechos que consideran que pudieran ser ilícitos, con un claro afán de utilizar a la administración de justicia con fines partidistas y electoralistas, como nos tienen acostumbrados. Y lo hacen a dos días de las elecciones con el conocimiento de que en tan breve plazo no le será posible a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia investigar y archivar esta denuncia falsa, dolosa y totalmente artificial, sin sustento jurídico ni lógico. Demuestra el miedo y la desesperación del Partido Popular de Molina ante la más que previsible debacle que sufrirán en los comicios que se celebrarán el próximo domingo, y sobre todo el miedo de su candidato, José Ángel Alfonso, ante la reciente admisión a trámite de la denuncia formulada por enchufismo en este Ayuntamiento, en la que el candidato popular, concejal de personal en esas fechas y firmante de algunos de los contratos o prórrogas que están siendo investigados, está directamente implicado.
