La Concejala de Consumo del Ayuntamiento de Molina de Segura, Esther Sánchez Rodríguez, presentó una moción al Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Molina de Segura, celebrado el pasado día 27 de noviembre, al objeto de modificar la regulación de la figura del consumidor vulnerable en relación al bono social eléctrico, que fue aprobada por mayoría.

El bono social ayuda a proteger a los consumidores más indefensos de las subidas de la luz que consisten en un descuento del 25% sobre la tarifa regulada. Para poder acogerse al mismo es requisito disponer de contador inteligente y haber contratado la tarifa PVPC.

Desde la Concejalía de Consumo se critica la reducción de los niveles de renta que se establecen para acceder al bono social y que las familias numerosas, independientemente de sus ingresos, podrían verse bonificadas, teniendo en cuenta que hay familias con altos niveles de ingresos. "Lo interesante sería defender las unidades familiares que sufren de pobreza energética en nuestro municipio", señala Esther Sánchez.

"En nuestro municipio no se producen cortes de luz, agua o de otros servicios básicos porque existe una red de protección para los sectores más vulnerables o en riesgo de exclusión social, que no ha sido tenida en cuenta a la hora de elaborar este Real Decreto, como en tantos municipios de la Región y del resto de España. Este Real Decreto se ha elaborado sin consultar a nadie y mucho menos a los agentes sociales encargados, cada día, de afrontar este problema, queja compartida por importantes municipios de toda geografía nacional", añade la Concejala de Consumo.

Esther Sánchez explica que "numerosos expertos y organizaciones sociales han señalado que ésta no es la manera adecuada de abordar el problema. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España ha puesto de manifiesto que la medida posee lagunas y efectos perversos", entre los que se encuentran los siguientes:

Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales). Por otra parte, no hay garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto.

Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida.

Se han obviado y ninguneado los sistemas de protección ya existentes en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos.

Se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales ya exhaustos, porque durante la crisis vieron multiplicada la demanda y mermados los recursos.

Se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con independencia de sus ingresos), mientras que otras, mucho más castigadas actualmente, (monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta.

Por todo ello, desde la Concejalía de Consumo se exige lo siguiente:

1. Reforzar el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía.

2. Reformar el Real Decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

3. Para que no se haga recaer el coste de las medidas de protección en las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales, incluir en los Presupuestos Generales del Estado una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable. Esta partida presupuestaria se repartirá entre las Comunidades Autónomas, según los criterios que se acuerden en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

4. Aprobar, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de la Concejalía de Consumo, ha puesto a disposición de los consumidores un servicio de atención para que los beneficiarios del bono social conozcan el procedimiento para poder solicitarlo, ya que los requisitos se han modificado. Destacar que todos los clientes beneficiarios seguirán disfrutándolo hasta el 10 de abril de 2018, pero, aunque sean beneficiarios, deben volver a solicitarlo antes de esta fecha.

Todas las personas que necesiten información relativa al bono social pueden acercarse a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Molina de Segura, en el Edificio El Retén (en Calle Mayor, n° 81), donde recibirán la información necesaria relativa a este asunto, y se les facilitarán los cauces para acceder al nuevo bono social.