Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Molina de Segura, PSOE, IU-Verdes, UPyD y Ciudadanos, exigen la celebración de un pleno extraordinario sobre la polémica gasolinera de la urbanización Altorreal, cuya licencia de obras, concedida en marzo de 2011, ha sido anulada recientemente por una sentencia judicial. En dicho pleno, los grupos reclamarán que la Corporación Municipal acuerde crear una comisión especial para investigar los hechos y establecer las responsabilidades técnicas y políticas relacionadas con la instalación de la estación de servicio.

Esta petición se hará a través de una moción conjunta de los grupos de la oposición en la que también solicitarán la anulación de la ficha urbanística que favoreció la construcción de la estación de servicio en Altorreal, a tenor de lo dispuesto en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Murcia.

"Este Ayuntamiento desistirá del recurso interpuesto a la citada sentencia, de acuerdo a los argumentos expuestos en la misma, que claramente recogen las numerosas irregularidades en la concesión de la licencia para la construcción de la estación de servicio", se exigen también en la moción.

Además, se insta al Ayuntamiento de Molina a acatar la sentencia y a adoptar de forma urgente las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a la misma.

"Es lamentable que el equipo de Gobierno haya hecho caso omiso a los grupos de la oposición y a los vecinos, y se haya obstinado en construir una gasolinera en Altorreal", indican los grupos de la oposición en la moción.

Además, afirman que "desde el año 2010, unos y otros hemos reclamado la paralización del expediente que autorizaba la instalación de la estación de servicio. Los grupos políticos que hoy presentamos esta moción ya lo hicimos en el año 2011 de forma conjunta, más allá de las iniciativas que cada partido presentó anteriormente, y el equipo de Gobierno se opuso a frenar el procedimiento que permitía la construcción de la polémica gasolinera".

Y aseguran que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento era conocedor del informe del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, de 2003, que declaraba la parcela donde se ha construido la gasolinera como EP-2, equipamiento social y privado, y no CC2, Centro Cívico Comercial. Sin embargo, en Junta de Gobierno Local de 29 de marzo de 2011 los concejales del PP acordaron conceder la licencia a la mercantil Disa Península SLU. En un terreno calificado como EP2 no se permitía la construcción de una gasolinera, según la ordenanza.

La oposición considera que ha sido "un proceso repleto de irregularidades administrativas en el que los vecinos no fueron escuchados. Ahora, tras cuatro años se corrobora que no se actuó conforme a derecho de acuerdo al procedimiento interpuesto por la entidad urbanística Altorreal".