UPyD cree que el Partido Popular no puede eludir su responsabilidad política tras conocerse el fallo que declara ilegal la construcción de la gasolinera de Altorreal

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La candidata de UPyD a la Alcaldía de Molina de Segura, Encarna Hernández, ha declarado hoy que "es inevitable que se tengan que asumir responsabilidades políticas" por la reciente sentencia judicial en la que se declara nula la licencia municipal que permitió construir una gasolinera en la urbanización Altorreal, dando así la razón a la Entidad Urbanística y a la plataforma ciudadana movilizada contra la instalación de la estación de servicio en una zona residencial. Hernández ha mostrado también su sorpresa por el "silencio" que mantiene al Alcalde, Eduardo Contreras, desde que se conoció el fallo, "después de haber defendido a capa y espada la instalación de la gasolinera y su legalidad".

Según ha explicado Hernández, la Junta de Gobierno Local acordó conceder licencia de obras para la construcción de una estación de servicio en una parcela de la Urbanización Altorreal acogiéndose a la supuesta "calificación" de dicha parcela como CC-2 (Permite una estación de servicio) en lugar de EP-2 (no se permite), en virtud de la modificación del plan parcial de Altorreal.

Todo ello a pesar de que un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad autónoma de 2003 había declarado como "injustificado" el cambio de denominación de la parcela. Aún así, el equipo de Gobierno del Partido Popular siguió adelante, cambiando en el Plan General la denominación de la parcela, aludiendo a un "error material" en su calificación como EP-2. Se concedió la licencia y se construyó la gasolinera.

Hernández ha recordado que ya en julio de 2011, UPyD llevó una moción a Pleno para solicitar "la suspensión inmediata de la licencia de obras". Ésta propuesta, al igual que otras de índole similar presentadas por los grupos de la oposición en un pleno extraordinario sobre el tema celebrado en octubre, fue desestimada por el equipo de Gobierno del Partido Popular. El tema llegó a fiscalía, pero no fue admitido a trámite, aunque había sido suscrito por todos los concejales de la oposición municipal con el apoyo de los vecinos.

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