La candidata del PSOE a la Alcaldía de Molina de Segura, Esther Clavero, exige responsabilidades al equipo de Gobierno del PP, con Eduardo Contreras a la cabeza, tras la sentencia judicial que anula el acuerdo de la Junta de Gobierno local del 29 de marzo de 2011 que concedió licencia de obras para la construcción de una estación de servicio en la urbanización Altorreal. Clavero asegura que el alcalde "ha sufrido un duro varapalo ante la justicia" y recuerda que el PSOE se opuso frontalmente en su momento, con varias mociones en 2010 y 2011, a la instalación de la gasolinera en Altorreal junto a las viviendas.

Además, Clavero critica que Contreras se aferró los informes de la secretaría general y de un arquitecto municipal para rechazar la petición de suspender la licencia. La sentencia sostiene que "el acto administrativo de concesión de licencia de gasolinera se dictó en base de una determinación urbanística ilegal, por lo que procede su anulación".

En una sentencia fechada el pasado 11 de marzo, el magistrado José Miñarro estima el recurso presentado por la entidad de conservación de Altorreal contra el Ayuntamiento y las mercantiles Disa Península -propietaria de la gasolinera- y Laborda Inmuebles -dueña del terreno-, que podrán presentar recurso porque la resolución judicial no es firme.

Clavero indica que el PSOE siempre dijo que la licencia otorgada a la anterior propietaria de los terrenos, Urbis S.A, se hizo sobre una parcela de tipo EP2, que corresponde a equipamiento social y privado, que no permitía la construcción de una gasolinera, según la ordenanza. Urbis reconoció ser propietaria de un terreno calificado como EP2, como así indica el juez quien además remarca que "quedó resuelta la queja denunciada de forma definitiva mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de septiembre de 2003, por el que se estableció que la parcela litigiosa es EP2".

La sentencia comulga con el planteamiento de la entidad urbanística, de la referida plataforma 'No a la gasolinera de Altorreal' y del PSOE, que insistieron en que el PGOU de Molina se aprobó en 2006 y que el acuerdo del Consejo de Gobierno regional, fechado tres años antes, no fue recurrido "jamás" por la propietaria de los terrenos ni por el Ayuntamiento, por lo que se debe partir del mismo a la hora de determinar la calificación urbanística de la parcela sobre la que se ha construido un centro comercial y gasolinera. De hecho, el juez sostiene que "no hay ninguna duda" de que la parcela estaba calificada jurídicamente como EP2, y añade el magistrado que el Ayuntamiento concedió licencia de obras el 9 de enero de 2007 para la construcción del referido centro.