El Grupo Municipal del PSOE denuncia el nuevo proceso de privatización del Centro de Atención a la Infancia (CAI) de La Alcayna que ha abierto el Ayuntamiento de Molina de Segura, publicado en el BORM de 3 de junio de 2014, y entiende que es motivo suficiente para que el Pleno se pronuncie sobre esta privatización.
Antonio Gomariz, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, reclama la retirada de esta privatización, que se anule este anuncio de licitación y pide la apertura de un proceso público de contratación para la gestión del CAI de La Alcayna, junto a un acuerdo con los representantes municipales de los trabajadores para que "rescatar" el servicio, que ya se privatizó en 2010, y que a partir de septiembre se preste de forma pública, bajo el control público y las garantías públicas.
Antonio Gomariz reclama un proceso de "rescate público" para frenar el avance de la privatización de la educación, que reparte todos los derechos y beneficios para el negocio pero todas las cargas para los ciudadanos. Desde el curso 2008-09, las plazas privadas/concertadas, en la etapa 0-3, han aumentado un 20,6 %, mientras que las públicas menos de la mitad, un 9,1 %. Desde entonces, el legado del PP tiene una cifra: el 52 % de la oferta de la etapa 0-3 es privada/concertada, frente al 48 % pública.
El Grupo Socialista recuerda que este CAI fue construido en suelo municipal, con dinero público y amueblado y "puesto a punto" con recursos públicos y ahora se vuelve a privatizar su gestión y servicio. El "Pliego de prescripciones técnicas" deja bien claro el proceso privatizador del primer ciclo de educación infantil en este centro:
El Ayuntamiento no participará en modo alguno ni en la gestión del centro, ni en sus órganos de gobierno, ni en la financiación del mismo, no concederá subvención alguna para su funcionamiento y no intervendrá en las tarifas, que el concesionario establecerá y percibirá directamente de los clientes, que tendrán la condición de precios privados.
Con estas condiciones, el Ayuntamiento se desentiende del funcionamiento del CAI de La Alcayna y "regala" a una empresa la facultad de admitir o rechazar alumnos sin atender a baremos públicos, sin plazos y sin las garantías de un proceso público; y le da toda la libertad para fijar los precios privados. Por otro lado, el criterio para adjudicar el contrato no es educativo ni social, sino que se premiará "la oferta que ofrezca mayor importe del canon" (un 55 %).
