La oposición vecinal y el apoyo del ayuntamiento consigue una morataria en los plazos del derribo de La Siesta

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Costas accede a aplazar el derribo que ahora queda fechado para el 17 de septiembre. La nueva legislación podría beneficiar a los propietarios y alargar el futuro del inmueble

La oposición vecinal y el apoyo del ayuntamiento consigue una morataria en los plazos del derribo de La Siesta

Unas doscientas personas se han concentrado en la mañana de este 29 de julio para oponerse al derribo del restaurante La Siesta de Bolnuevo. Junto a ellos y apoyando a los propietarios y arrendatarios del inmueble han estado varios miembros de la corporación municipal, entre ellos, el alcalde socialista, Francisco García, los concejales de Urbanismo, Ginés Campillo y Seguridad Ciudadana, Isidro Coy y el concejal de Medio Ambiente, David Fernández.

Un miembro de la Demarcación de Costas, acompañado de agentes de la Guardia Civil se ha presentado en el lugar y ante la presión de los manifestantes ha optado por tramitar la orden desde el cuartel de la Benemérita en el Puerto de Mazarrón. Hasta allí se han desplazado los miembros de la corporación municipal y los letrados del Ayuntamiento y de la parte afectada.

Al final de la mañana, Costas y propietarios firmaban un documento a ratificar por la abogacía del Estado que aplaza el derribo al 17 de septiembre. La solución permite a los afectados a no renunciar a sus derechos, detalle importante pues a primeros de agosto entra en vigor una nueva legislación que podría ser favorable al futuro del restaurante La Siesta de Bolnuevo, uno de los locales históricos del municipio con 54 años de servicio, que ha estado, paradójicamente, a punto de ser derribado el mismo día que se celebra la festividad de los hosteleros, Santa Marta.

El abogado de la parte afectada, Diego Martínez, manifestaba a la salida del cuartel de la Guardia Civil su satisfacción y agradecimiento tanto a los vecinos, al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno por el apoyo y las gestiones realizadas. "Gracias a esta labor, 10 familias no se verán abocadas al paro." decía Martínez para quien lo agravante es que "la propietaria del inmueble tiene derecho conforme a la modificación de la ley de Costas a una concesión administrativa por 30 años, máxime cuando a principios de agosto la nueva legislación tiene previsto regularizar estas situaciones."

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Ginés Campillo, señalaba que "no podíamos oponernos a una sentencia judicial pero sí que se podía intentar hacer las cosas con lógica y evitar que un 29 de julio se derribase un restaurante con el servicio que un negocio así presta en estas fechas".

El alcalde de Mazarrón, el socialista, Francisco García, se mostraba agradecido a los vecinos que se han manifestado en contra del derribo "ya que con ello y con las gestiones realizadas desde el Consistorio se ha logrado que se imponga el sentido común, porque una decisión así iban a generar un grave perjuicio económico y social, en plena temporada de verano." Para García se ha llegado a una solución lógica y razonable.

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