Los colectivos sociales, vecinales y ecologistas consideran una falta de respeto a la ciudadanía que organizaciones claramente negacionistas participen en la tramitación de la modificación de la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor.

Recuerdan que la Fundación Ingenio cuenta con un abultado presupuesto, que dedica mayoritariamente a generar y difundir información falsa sobre el origen de la eutrofización de la laguna salada.

Esta mañana, activistas de diversos colectivos sociales y ambientales en defensa del Mar Menor, se han vuelto a concentrar ante la Asamblea Regional, para insistir en la necesidad de parar la actual tramitación de modificación de la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, iniciada por el Grupo Parlamentario Popular.  Modificación que consideran innecesaria en estos momentos, ya que las líneas principales de actuación frente a la contaminación por nitratos, la prevención de la erosión o la ordenación del territorio, están sin ejecutar ni desarrollar, a pesar de que han transcurrido ya 4 años desde su aprobación.

Para las organizaciones, lo urgente ahora es cumplir con esas cuestiones, que son esenciales en la reducción de la entrada de fertilizantes al Mar Menor, y que una vez en marcha podrá evaluarse la necesidad real de su mejora.

Pero, esta vez, la protesta ha tenido un motivo más, y es que este miércoles comparecía Natalia Corbalán, Directora de la Fundación Ingenio, en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos, que es la que está tramitando la reforma de la Ley. Comparecencia propuesta por VOX.

Para los colectivos, es vergonzoso que se dé audiencia a esta fundación. Y no solo porque su fin sea defender los intereses de las grandes empresas, algunas investigadas en el Caso Topillo por vertidos ilegales al Mar Menor. Además, la FI lleva desde hace varios años una campaña constante de desinformación y generación de noticias falsas sobre el origen del problema de eutrofización del Mar Menor, que la ciencia ha demostrado que proviene mayoritariamente del sector agropecuario.

Y no es casual que esta fundación sea negacionista: el lobby agroindustrial pone mucho dinero a disposición de esta organización, cuyo fin último es blanquear el sector primario, y procurar que las medidas que se adopten para proteger la laguna no condicionen para nada sus beneficios.

De hecho, las organizaciones sociales y ecologistas han tenido que lidiar con las noticias falsas y las campañas de desinformación de la Fundación Ingenio desde su creación.

Por ejemplo, cuando la Fundación Ingenio se opuso a la aprobación de la Ley 1/2018 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, en la que advertían que nos quedaríamos sin marineras ni gazpacho, a pesar de que la producción del Campo de Cartagena se destina mayoritariamente a la exportación fuera de la Región de Murcia.

En sus campañas, el sector ha llegado a traer “expertos” que aseguraban que el origen del problema son las aguas residuales, sin pruebas, y tratan de retorcer la verdad, llegando a tergiversar declaraciones de algunos científicos, para tratar de convencer de algo que la ciencia ya ha demostrado que no es verdad.

Por todo ello, las organizaciones sociales consideran todo un despropósito este tipo de comparecencias, con claros intereses en mantener el beneficio empresarial a toda costa, mientras que de los 64 comparecientes propuestos por PP y VOX, casi todos empresarios, patronales, alcaldes y algunos científicos bastante cuestionados, no existe ni una sola asociación de vecinos, ni un sindicato, y la representación de organizaciones sociales es casi testimonial.

Que las modificaciones de la Ley 3/2020 se basen en lo que puedan aportar este tipo de comparecientes es preocupante. Propuestas disparatadas como la de “sacar” a Fuente Álamo de la cuenca vertiente podrían justificarse en este tipo de discursos.

En consecuencia, las organizaciones convocantes de la protesta ante la Asamblea Regional, han reiterado la necesidad de terminar con esta tramitación de modificación, de una Ley que no ha llegado a ponerse en marcha, y que se dediquen los esfuerzos a desarrollar los principales aspectos de reducción de la fertilización, de la erosión, y la adecuada ordenación del territorio, con urgencia.

No se puede ceder al chantaje del lobby agroindustrial y ganadero, anteponiendo el beneficio de algunas empresas, al futuro económico, social y natural de esta región.