No han sido pocos los medios que en los últimos tiempos han comparado el Mar Menor con Doñana, ya que ambos lugares sufren las consecuencias de la agricultura intensiva. En el caso del Parque Nacional, el saqueo de agua para dedicarla al regadío intensivo lo ha llevado al borde la desaparición y, en el caso de nuestra laguna, las consecuencias nefastas de los agroquímicos que se utilizan en su entorno, han puesto a nuestro ecosistema al borde del colapso.
Desde 2022 el Gobierno de Andalucía ha intentado ampliar en 750 hectáreas los regadíos en el entorno de Doñana, a pesar de la oposición de la Comisión Europea, la Unesco, la comunidad científica, y cómo no, de los grupos ecologistas. Para ello, la Junta intentaba derogar el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío de 2014, cuyo objetivo era "compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este territorio, especialmente en materia de agricultura y turismo, con la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y el uso racional del agua".
Sin embargo, después de una tensa relación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Andalucía, esta última ha desistido de esa ampliación tras la promesa de una inversión de 350 millones de euros en las zonas de secano que se pretendían convertir en regadío, suma que se añadiría a otros 356 ya anunciados.
Y volviendo al Mar Menor, los casi 500 millones (de los que ya se han invertido más de 50) del Gobierno Central para reparar lo que se ha permitido hacer en el Mar Menor durante décadas, no ha sido suficiente para que se produzca un acercamiento entre la Administración regional y la estatal.
No hay visos de que se quiera resolver el gravísimo problema que empuja al Mar Menor hacia un destino incierto y muy preocupante, por parte de la Comunidad Autónoma. Estos días no nos sorprenden las declaraciones (bien por ignorancia o por intereses) de la exconsejera de Agricultura, Adela Martínez Cachá, en su comparecencia ante la Audiencia Provincial, diciendo que no sabía que para la instalación de una tubería que llevara el agua contaminada desde la rambla del Albujón a la depuradora de Cabo de Palos, pasando por un lugar protegido (El Carmolí), había de solicitar una Evaluación Ambiental.
El Mar Menor necesita de acuerdos sustentados en un profundo conocimiento del ecosistema y de un compromiso para su restauración por parte de las administraciones, sin tener en cuenta el color político. Por esta razón instamos al presidente de la Comunidad Autónoma y al consejero de Medio Ambiente a que se coordinen, como han hecho en Andalucía, con el Ministerio para lograr la recuperación del Mar Menor lo antes posible.
