Tras dar muchos y repetidos síntomas, a partir de 2015 el ecosistema del Mar Menor dijo "basta ya" y colapsó, muchos empezaron a darse cuenta de que habíamos rodeado la laguna de protecciones legales que, por diversas razones, no habían servido.
La Constitución española de 1978 fue clara y meridiana cuando estableció en su artículo 45 el derecho al medio ambiente, la obligación de todas las autoridades para su cuidado y la responsabilidad jurídica de los que atentasen contra el patrimonio natural.
Desde los años 80 del pasado siglo, al Mar Menor había que conservarlo como un espacio natural de primer orden como consecuencia de mandatos contenidos en diversas leyes internacionales, europeas y nacionales.
Durante 40 años y hasta el día de hoy las diferentes Administraciones han omitido deberes de preservación de la laguna, han desactivado la protección del Mar Menor y han tolerado que otros actores privados hayan deteriorado este ecosistema hasta un punto de no retorno, en una suerte de ecocidio.
Por eso cuando escuchamos, a principios de noviembre de este año, las declaraciones del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de la Región en las que advertía que el problema del Mar Menor "no es solucionable por la vía judicial y que debe ser en la vía política y administrativa" pensamos que DEBÍA SER UNA BROMA.
En un Estado de Derecho como el nuestro, cuando el Poder Ejecutivo incumple los mandatos del Poder Legislativo, es el Poder Judicial el que debe intervenir para imponer el imperio de la Ley. Y en esa tarea el Ministerio Fiscal, desde la imparcialidad y la independencia, debería estar al servicio de la sociedad que clama Justicia y la aplicación del principio "quien contamina, paga".
Es evidente que la aplicación de las normas administrativas por parte de las autoridades públicas ha sido un completo fracaso y que no sólo se ha tolerado el maltrato al Mar Menor sino que se no se ha evitado la contaminación y además no se ha perseguido y sancionado a los responsables. La vía política no ha servido para prevenir y sancionar, y veremos lo que tarda en reparar este daño ecológico de magnitudes colosales.
Que el Fiscal Superior nos remita para solucionar este monumental desastre ecológico de nuevo a la vía política y administrativa nos hace pensar que NOS TOMA POR INOCENTES.
La puesta en marcha por parte de la ciudadanía de los mecanismos judiciales para revertir la situación, acudiendo a la aplicación de las normas vigentes para señalar a los responsables de la degradación del Mar Menor y que se imponga a aquéllos sanciones y medidas de reparación ejemplares, requiere de un apoyo decidido del Ministerio Fiscal. Y esto no es compatible con un reenvío a la vía política.
Las vías abiertas del "caso Topillo" en la jurisdicción penal y la responsabilidad medioambiental en la vía contencioso-administrativa, así como otras demandas y denuncias ante Tribunales regionales, estatales e internacionales, deben servir para devolver la esperanza a la sociedad en un sistema jurídico que antepone la supervivencia de los ecosistemas para las generaciones presentes y futuras, a conductas especulativas que contravienen los deberes de conservación del medio ambiente. Y ante esta encrucijada judicial, cuando ha fallado todo, NO ESTAMOS PARA BROMAS.
Es necesario que los Tribunales intervengan en la solución del problema para condenar por los delitos cometidos, confirmar sanciones y medidas de restablecimiento de la legalidad, establecer y cuantificar las responsabilidades oportunas. Este desaguisado no puede seguir ocurriendo ni volver a ocurrir. Queremos confiar en la Justicia y evitar la politización.
Por todo ello, en este 28 de diciembre de 2021, no somos inocentes sino exigentes de JUSTICIA PARA EL MAR MENOR, pedimos contar con el apoyo de la Fiscalía para señalar a los responsables, que paguen por sus delitos, infracciones y otras acciones dañinas, para que cesen los vertidos a la laguna y comience su restauración, para que en la Región de Murcia las normas se respeten y el Mar Menor recupere su armonía, para que nadie se vaya de rositas.
Es de Justicia (sin broma) que pedimos en Murcia.
Convocan:
- Pacto por el Mar Menor
- Ecologistas en Acción RM
- Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)
- Asociación Asociación para el Desarrollo Pesquero del Mar Menor y su entorno ADEPEMM
- Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su comarca (FAVCAC)
- Greenpeace Grupo Voluntariado Murcia
- Banderas Negras
- Mar Vivo
- Stop Quemas
- SOS Mar Menor
- Yayoflautas Murcia
- Extinction Rebellion (XR)
- Murcia en bici
- Stop Ecocidio