El Ayuntamiento de Los Alcázares formalizó un contrato de adjudicación del servicio de conciliación de la vida laboral y familiar en el año 2011 que contemplaba condiciones tales como el traslado de los niños o la atención a los mismos por 9 profesionales. Además, este preveía que una ocupación de las instalaciones distinta a la prevista, no supondría una modificación del contrato, pero el ayuntamiento dejó una puerta abierta: si la ocupación era menor del 75% se podría modificar el contrato. Al amparo de este previsión, la empresa adjudicataria solicitó una modificación del contrato, cuyos términos y condiciones fueron aprobados por la junta de Gobierno Local, sin que se formalizara documentalmente. Tampoco cubrieron el traslado de los niños e incluso redujeron a 3 el personal que se ocupaba de ellos. Sin embargo, en ningún caso ninguna de esas condiciones supuso una rebaja de la aportación que el ayuntamiento hacía a la empresa, sino que por el contrario tuvo que incrementar en 20.000€ el coste del servicio.
A esto hay que añadir que el acuerdo disponía que la empresa adjudicataria debía presentar mensualmente una memoria detallada del número de usuarios por actividad y el importe de lo recaudado, al objeto de conocer cualquier variación en la ocupación del centro. Pues bien, el Tribunal de Cuentas ha solicitado esta información al Ayuntamiento a fin de confirmar el grado de cumplimiento de la empresa, pero Cristina Sánchez, concejal del área, tan solo ha sido capaz de presentar 3 informes de los 12 que engloban el año investigado (junio 2012 a junio 2013), con lo que queda demostrado, a ojos del Tribunal de Cuentas, el poco interés que el Ayuntamiento presta a los servicios que se dan al ciudadano.
Además, en junio de 2012 se prorrogó el contrato, sin contar previamente con el correspondiente certificado de crédito y la aportación del gasto, y un año más tarde, a la vista de que estaba próxima la finalización del servicio sin haber formalizado un nuevo contrato, se acordó continuar con el servicio en las mismas condiciones que las que se venía prestando, hasta la conclusión del nuevo expediente de contratación. Esta decisión supuso que el concesionario continuara prestando los servicios dos meses más de lo previsto.
