El Gobierno de Lorca resuelve a favor de los lorquinos el caso de los promotores de un convenio urbanístico que exigían 1,2 millones de euros

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El Gobierno de Lorca resuelve a favor de los lorquinos el caso de los promotores de un convenio urbanístico que exigían 1,2 millones de euros

La labor excepcional de los servicios técnicos municipales, ha confirmado que la reclamación ha prescrito, por lo que no procede la devolución del importe por parte del Ayuntamiento

El convenio fue aprobado en solitario por el Partido Socialista en el Pleno municipal de julio de 2005 y firmado dos días después; y fue en 2021 cuando los promotores ya reclamaron las cantidades económicas abonadas tras su firma

María Hernández, edil de Urbanismo: "El Gobierno de Lorca no ha dudado, desde que tuvo conocimiento del caso, en defender los intereses de nuestro Ayuntamiento y de todos los lorquinos, que se enfrentaban a otro varapalo económico derivado de la nefasta gestión socialista"

La edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández, ha anunciado este viernes que el Gobierno de Lorca ha conseguido desbloquear de manera definitiva el caso de la reclamación de la mercantil Residencial Sierra de Tercia que exigía el pago de 1,2 millones de euros, a consecuencia de un convenio urbanístico de hace años por el que tenían previsto una acción de desarrollo en terrenos ubicados en la pedanía de La Hoya. "Se trataba de una denuncia en vía administrativa contra el Ayuntamiento de Lorca por parte de estos promotores que se ha resuelto de manera positiva en beneficio e interés de todos los lorquinos", ha indicado.

La edil de Urbanismo ha informado que los servicios técnicos municipales tras estudiar dicha reclamación, concluyeron que "la reclamación ha prescrito, por lo que no procede la devolución estimada de 715.200 euros más los intereses (en total 1,2 millones de euros) que exigían los promotores ya que el convenio está vencido. Se previeron por ley diez días para alegaciones; pero, una vez finalizado ese período, tenemos sobre la mesa un nuevo acuerdo que ha permitido resolver de manera definitiva la situación derivada de este convenio".

Dicho convenio fue aprobado en solitario por el Gobierno del PSOE en el Pleno del Ayuntamiento el 25 de julio de 2005, y firmado apenas dos días más tarde entre los promotores y los políticos socialistas que estaban en el Ayuntamiento por aquel entonces". Los promotores, pertenecientes a la mercantil Residencial Sierra de Tercia, entendían incumplido dicho convenio, reclamando la devolución de la cantidad abonada años atrás, 715.202 euros, además de los intereses generados, que, de acuerdo con los cálculos efectuados, se sitúan en 492.660 euros, lo que asciende a un total de 1.207.862 euros.

Desde mayo de 2009 en que le son comunicadas a la mercantil las deficiencias observadas por el Servicio de Planeamiento y Gestión, esta no ha realizado acción alguna referente a su subsanación, resolución o liquidación de dicho convenio, siendo obligación del titular del derecho su ejercicio en los plazos legalmente fijados para evitar su extinción. El 2 de julio de 2021 es cuando solicita la reclamación y devolución de las cantidades entregadas, fecha en que -como bien se argumenta en el informe emitido por los servicios técnicos del Ayuntamiento- ha prescrito la acción.

Como vemos, "no estaba todo bajo control como intentaron hacernos creer desde el Grupo Municipal Socialista. La realidad es que el 1 de julio de 2021 los promotores de este convenio ya exigieron su resolución y la devolución del dinero a través de un escrito que fue deliberadamente ocultado a los grupos políticos municipales y de cuya existencia nos hemos tenido que enterar casi tres años después".

De nuevo, "nos vemos obligados a resolver problemas heredados de un equipo de gobierno socialista caracterizado por la falta de gestión y eficiencia, y que llevó a la deriva al municipio durante muchos años. Pero es que "las peticiones de los promotores continúan y se suman a los más de 15 millones de euros en pérdidas de los convenios en terreno SIDU y los 750.000euros que también se tienen que devolver por otro convenio urbanístico de planeamiento en la pedanía de Aguaderas, todo ello gracias a la nefasta acción socialista en Lorca y sus excesos urbanísticos y cuyas consecuencias no paran de surgir", ha manifestado la concejal, que ha añadido que "desde el Gobierno de Lorca no estamos dispuestos a que esta hemorragia de pérdidas económicas repercutan en los ciudadanos. De la mano de los servicios jurídicos y urbanísticos del Ayuntamiento, este equipo, con Fulgencio Gil a la cabeza, va defender los intereses de nuestra Ciudad y de todos los lorquinos con todas las herramientas administrativas y jurídicas a nuestro alcance".

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