No autorizado el proyecto de ampliación de una granja porcina en Lorca alegado por Ecologistas en Acción

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No autorizado el proyecto de ampliación de una granja porcina en Lorca alegado por Ecologistas en Acción

El Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente ha procedido a la no admisión de la documentación de evaluación de impacto ambiental ordinaria, dado que el proyecto de ampliación es manifiestamente inviable por razones ambientales.

Ecologistas en Acción se oponía a la ampliación en sus alegaciones, y el informe de la CHS ha sido determinante.

Reclamamos una moratoria y un Plan de Ordenación de la ganadería industrial.

El Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, una vez visto el informe no favorable que se adjuntaba emitido por la Confederación Hidrográfica del Segura (29/02/24), ha resuelto desfavorablemente a la ampliación de una granja porcina en el paraje Los Calderones, Diputación Esparragal en el municipio de Lorca.

Ecologistas en Acción registró un documento de alegaciones a este proyecto, donde expuso claramente su oposición argumentada a la ampliación de estas instalaciones de ganadería industrial intensiva, ya que estas generarían el aumento del consumo de agua en un contexto de sequía estructural y la contaminación de los acuíferos, así como la emisión de gases contaminantes a la atmósfera (metano y amoniaco, entre otros). Por otra parte, el alto volumen de estiércoles y purines que se generan como residuos de la actividad suponen un riesgo para el suelo y subsuelo.

Tampoco hay un análisis pormenorizado de los impactos acumulativos y sinérgicos derivados de la interrelación con otras infraestructuras de porcino y macrogranjas del entorno. El conjunto de afecciones supone riesgos ambientales significativos, y este tipo de instalaciones contribuyen al crecimiento insostenible y desordenado de esta actividad ganadera industrial e intensiva.

La Dirección General de Medio Ambiente señala en el artículo 39.4.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que el órgano ambiental podrá resolver la inadmisión de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable por razones ambientales.

Murcia, es la tercera provincia en número de macrogranjas (después de Lleida y Huesca) con 20 municipios con al menos una de estas instalaciones, esto supone un 44’44 % del total de municipios. Entre los 40 municipios con mayor número de macrogranjas en España se encuentra Lorca, con 40 explotaciones de porcino de cebo y 10 de madres reproductoras.

Según la Consejería de Ganadería de Murcia, el pasado año la región tenía registradas más de 5.650 explotaciones ganaderas, la mayoría ubicadas en las comarcas del Valle del Guadalentín (2.561) y el Campo de Cartagena (1.070). Según el Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística, la especie más importante en número de cabezas en el municipio de Lorca es el porcino, donde ya representa el 79,5% de la cabaña ganadera de la zona, superior a la media regional (74 %).

La inacción de la administración regional frente a este fenómeno es constante y favorece el desarrollo de prácticas irregulares e insostenibles. El 92% de las emisiones de amoníaco (NH3) en España son originadas por la ganadería industrial y siguen aumentando, al contrario que el resto de Europa. La Comisión Europea ha denunciado reiteradamente a España por exceder sus emisiones de amoniaco un 39% sobre el umbral establecido.

El incremento de estas instalaciones no da respuesta a las necesidades de la región, ni tan siquiera da respuesta a las necesidades del consumo de carne nacional, puesto que muchas de ellas han proliferado a tenor de las restricciones legales que los países del norte de Europa han establecido, limitando este modelo intensivo en sus territorios para su propio consumo, lo que provoca una deslocalización a territorios o países como el nuestro.

El aumento de este tipo de instalaciones ha causado la movilización ciudadana en Caravaca, Lorca, Cehegín y Cieza, cuya población se manifiesta exigiendo una moratoria a este tipo de ganadería industrial y un plan de ordenación de esta actividad económica en la región.

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