Sosa recoge la voz de las asociaciones y afirma que los políticos que gobiernan un ayuntamiento están para gestionar sus competencias mediante servicios públicos, y no para venderlos a empresas privadas

El pasado mes de noviembre, Pedro Sosa Martínez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos-AV en el Ayuntamiento de Lorca, presentaba al Pleno municipal un ruego sobre protección de derechos y bienestar animal para que el Ayuntamiento corrigiese las enormes carencias, lagunas, faltas de coordinación y cooperación entre organismos municipales -como la Policía Local y los responsables de Sanidad- que se producen en nuestro municipio en materia de protección de derechos y bienestar animal.

El edil de izquierdas afirma que en Lorca contamos con una específica Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, aprobada hace 22 años, y también, y desde 2010, con diversas disposiciones al respecto incluidas en la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales. A las obligaciones derivadas para el Ayuntamiento de toda esa normativa local se suman ahora, en todo el territorio nacional, todas aquellas competencias atribuidas directamente a las administraciones locales por la nueva Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

Y el Ayuntamiento qué hace al respecto, se preguntaba retóricamente Sosa esta mañana, pues en lugar de atender debidamente y de manera directa estas competencias, prefiere privatizar este servicio público y desprenderse de él, dando una cuantiosa cifra de dinero a una empresa privada con antecedentes nada “edificantes” en materia de protección animal.

Sosa sostiene que hay una queja generalizada entre las protectoras de animales y el tejido social vinculado a los mismos existente en Lorca sobre la decisión de adjudicar este servicio a esta empresa. El concejal de la coalición de izquierdas afirma que, más allá de la reputación buena o mala de esta empresa, los políticos locales deberían venir a la política local a gestionar servicios públicos, no a venderlos. Pero además, si finalmente se decantan por la opción cómoda y costosa de venderlos, lo menos que deberían hacer es indagar sobre la fama y el buen hacer de las empresas que pujan por ser adjudicatarias. En ese sentido, el edil de izquierdas ha mostrado un abultado dossier de prensa, con titulares de diversos periódicos andaluces de Granada y Cádiz, en donde se pone de relieve la deficiente gestión de esta empresa privada, los anuncios de rescate del servicio por parte de ediles responsables en algún ayuntamiento, y las denuncias de los colectivos sociales de defensa animal.

Sosa afirma que, de haber sido votado por el pueblo para ser concejal de gobierno, nunca hubiéramos privatizado ni este ni ningún otro servicio público, y que como humilde concejal de la oposición que es, se compromete a exigir la correcta implementación por el ayuntamiento de todas y cada una de las competencias que las leyes y normas citadas disponen:

1. Planes de protección civil (art. 21)

2. Recogida y atención de animales (art. 22)

3. Acceso con animales de compañía a medios de transporte, establecimientos y espacios públicos (art. 29)

4.  Fomento de la convivencia responsable con animales (art. 33)

5. Competencias respecto a las colonias felinas (arts. 38, 39 y 40)

6.  Función inspectora (art. 66)

7. Órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora (art. 80)

8. Circos, carruseles y atracciones de feria (Disposición transitoria tercera)

9. Apoyo del Sistema Central de Registros para la Protección Animal (art. 10)

10. Estadística de Protección Animal (arts. 13, 14 y 15)