Los ediles de Pedanías y Urbanismo denunciaban que "no se ha atendido ninguna de las cientos de alegaciones que han presentado los vecinos y el Consistorio"
Mostraban su preocupación porque "a día de hoy los lorquinos no saben si sus casas y tierras están dentro de la cartografía de zonas con riesgo de avenidas que ha entrado en vigor"
Y apuntaban que "no solo se ven afectados grandes tramos de pedanías, sino también de barrios del casco urbano de la Ciudad"
Reclamaban las presas de Torrecilla, Nogalte y Béjar y el canal de desagüe de la Rambla de Biznaga
"Desconocemos el mapa de riadas del Ministerio. Únicamente sabemos que en Cartagena y Murcia se ha liberado espacio, pero que a Lorca se le vuelve a discriminar no aceptando ninguna de las cientos de alegaciones que se han presentado. Los lorquinos no saben si sus viviendas, si sus propiedades, están afectadas. Estamos hablando no solo de pedanías, sino también de barrios, porque la afección llega a la Ciudad", afirmaba este lunes el concejal de Desarrollo Rural, Infraestructuras y Pedanías, Ángel Ramón Meca Ruzafa.
Lo hacía junto a la edil de Urbanismo, María Hernández, que mostraba su indignación porque, la nueva cartografía del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Miteco, deja fuera grandes tramos de pedanías y barrios en las dos ciudades de la Región, "mientras que en nuestro municipio únicamente contempla las posibles afecciones a la línea del Ave, que es lo que al Gobierno de la Nación le interesa para evitarse problemas en sus obras".
Insistían en que "no se han tenido en cuenta las alegaciones realizadas por los vecinos y el Ayuntamiento que estaban suficientemente sustentadas con información precisa. La zona acotada es demasiado amplia, genérica, sin tener en cuenta las distancias con las zonas de flujo. No entendemos por qué no se han tenido en cuenta nuestras alegaciones, reclamaciones, alternativas y sugerencias que lo único que pretenden es defender el interés público sobre la correcta ordenación del municipio y de los intereses de los afectados", argumentaba Meca.
Reclamaban las presas de Bejar, Torrecilla y Nogalte y el canal de evacuación de la Rambla de Biznaga. "Estos proyectos, para la protección frente a inundaciones, tienen que ejecutarse. No pueden esperar más guardados en un cajón. Son indispensables para evitar inundaciones como las que vivió el municipio en 2012 y 2019. No estamos hablando solo de proteger viviendas y propiedades, sino que son necesarias para la protección de las personas".
Las limitaciones urbanísticas establecidas por las zonas de riadas o flujo preferente en Lorca "son desconocidas por los propios interesados a los que no les ha llegado ninguna comunicación sobre este tema", se quejaba el edil de desarrollo Rural, Infraestructuras y Pedanías, que recordaba que Lorca llevará las zonas de flujo preferente al Tribunal Supremo, como anunciaba hace unos días. Y volvía a reclamar la "revisión de la delimitación del dominio público hidráulico de los cauces de las Ramblas de Torrecilla, Béjar y Biznaga.
El último Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la Cuenca del Segura, recordaba Meca, supone "arruinar a las familias propietarias de los terrenos agregados, ya que, desde la última denominación, no podrá realizarse ningún tipo de actividad en ellos. Ni construir, ni implantar actividades profesionales". Y cifraba las pérdidas por la afección de un área de 3.000 hectáreas en unos 100 millones de euros.
Añadía que "el enésimo cambio en el mapa de Zonas de Flujo Preferente confirma que todo el proceso es una inmensa chapuza. El Ministerio debería empezar de nuevo y contar con la opinión de los miles de afectados, porque lo que se presentó como el cumplimiento de una directiva europea se ha convertido en un calvario de injusticias y despropósitos contra miles de lorquinos. Todos estamos de acuerdo en que hay que establecer estas zonas de paso de agua de una forma clara y segura, pero no esta sucesión de ocurrencias y calamidades".
Insistían en que existen estudios que reflejan que al menos el 60 por ciento de los terrenos declarados en el municipio como 'Zona de Flujo Preferente' por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico "no deberían haber recibido esa calificación. Ninguna de las alegaciones que se han presentado ha sido contestada, por lo que nos hemos visto obligados a presentar una reclamación ante el Tribunal Supremo. La realidad es que el estudio técnico municipal con el que cuenta este Ayuntamiento sobre las Zonas de Flujo Preferente contradice al del Gobierno central y reduce a menos del 40 por ciento la superficie realmente afectada, algo que el Ministerio sabe desde el principio, ya que se le viene advirtiendo desde septiembre de 2020", explicaba la edil de Urbanismo.
Y reiteraba la importancia de la correcta determinación del dominio público de los cauces en un municipio "donde las inundaciones constituyen el riesgo natural de mayor significancia en número de vidas e impacto económico. Por ello, reclamamos las presas de laminación de Béjar, Torrecilla y Nogalte y el canal de evacuación de Biznaga, como infraestructuras de vital importancia que evitarán condenar a los vecinos a no poder hacer ningún tipo de edificación en sus propiedades".
Meca se refería a las dimensiones de las zonas afectadas. "Estamos hablando de 3.000 hectáreas, lo que supone unos 4.200 campos de fútbol. Y pérdidas económicas superiores a 100 millones de euros. Se ven afectadas Río, Campillo, Torrecilla, Purias, Cazalla, Ramonete, Aguaderas, La Hoya, pero también determinadas zonas de la ciudad. Reclamamos la revisión y actualización del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Cuenca del Segura. Queremos que se fije correctamente las zonas de flujo preferente, como demanda el Ayuntamiento, pero también miles de vecinos afectados, por lo que vamos a pedir una reunión urgente a la Confederación Hidrográfica del Segura para que nos den las explicaciones oportunas".
Por último, la edil de Urbanismo señalaba que la relación de una cartografía adecuada de riesgo es un paso previo inexcusable a la puesta en práctica de cualquier tipo de medida no estructural. Y, por tanto, es esencial para poder llevar a cabo una gestión eficaz de las zonas inundables. Se hace necesaria la participación conjunta de las administraciones, inexistente en este proceso, como ha quedado reflejado al no dar respuesta a ninguna de las alegaciones".
