No se puede tolerar este dispendio de dinero público de todos en intereses partidistas de quienes gobiernan las instituciones, sea el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma

En 2019 los representantes del pueblo de Lorca, consensuadamente con el tejido social de la ciudad, propusieron que Lorca fuese sede de la Consejería de Agricultura, y se usase el edificio público de la “Cámara” de la lorquina Calle Corredera para ello

El portavoz local de IU-V, Pedro Sosa, convocaba esta mañana a los medios de comunicación para trasladarles su enérgica protesta por lo que considera un dispendio de dinero público para la promoción personal y partidista de dos candidatos electorales: Diego José Mateos y Fernando López Miras, cada uno en su respectivo ámbito. Sosa afirma que ya se sabe que el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales de mayo se aprobará el próximo 4 de abril, y que a partir del día siguiente, el miércoles 5 de abril, estarán prohibidos todos los actos de inauguración y las campañas institucionales de propaganda, al objeto de no perturbar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e igualdad entre los actores electorales.

Esa fecha, tan próxima ya, ha extremado, multiplicándolos, los actos propagandísticos de todo tipo de los dos candidatos citados, hasta el punto de que llevan ya semanas enredados en una competición que sólo tacharíamos de ridícula si no fuese por las cantidades nada despreciables de dinero público de todos que también se invierte en ella.

Se ha llegado al extremo, afirma Sosa, de poner pegatinas del Ayuntamiento de Lorca y de la CARM en el frontal de un cajero automático de un banco privado (públicos no hay) abierto en alguna pedanía lorquina, asistiendo al poco edificante espectáculo de la “guerra de empujones” entre concejales del PSOE y del PP para salir en la foto. Una indecencia absoluta cuando lo que debería haber, como lo hay en otros lugares, es una normativa que obligase a las entidades financieras a prestar esos servicios en las zonas rurales y “vaciadas”.

También -todo un clásico- hemos visto colocación de “primeras piedras”, como la que, con viaje de Secretario de Estado incluido, han enterrado en el solar del casco histórico de Lorca en el que debería estar hace ya mucho tiempo en funcionamiento ese ansiado Palacio de Justicia que reuniese, en un solo inmueble, las tres sedes judiciales repartidas por la ciudad.

Y, sin salirnos del casco histórico, vuelve la promesa repetida, hace 4 y 8 años, por parte del candidato autonómico del PP, de recurrir a una AIR (Actuación de Interés Regional) para afrontar la rehabilitación de este conjunto histórico y cultural que han maltratado, destrozado y abandonado, entre unos y otros, durante 40 años de mandatos alternos sin mover un dedo por su revitalización. La misma cantinela que gasta ese candidato de la derecha cuando saca del cajón, por enésima vez, la promesa de hacer una autovía entre Lorca y Caravaca, cuando ha tenido indecentemente paralizadas durante meses y años, castigando a miles de vecinos, las obras de la rotonda de San Antonio o las de la carretera hacia Campo López, Morata y la costa de Lorca.

Lo de ponerle una pegatina del Ayuntamiento de Lorca a un inmueble del barrio de San Cristóbal, construido hace años en un solar donado para otro fin del que ahora se le pretende dar, y hacerse una foto con siete policías locales en la puerta, cada vez engaña a menos ciudadanos. Pero ahí estaba el candidato del PSOE, gastándose el dinero de todos en poses fotográficas.

Y así, hasta que esta mañana nos despertamos con la “penúltima ocurrencia”. Esta vez su protagonista es Fernando López Miras que promete abrir la “Cámara Agraria” de la Corredera para hacer en ella no se sabe muy bien qué cosa, porque no lo explica con claridad. Sosa ha afirmado que es una indecencia que ese edificio público, y restaurado con dinero público, lleve más de una década cerrado a cal y canto, cuando desde IU hemos propuesto en Pleno su utilización en un sinfín de usos múltiples, el último como sede de la Consejería de Agricultura y Agua, una propuesta que partiendo de IU fue aprobada por unanimidad y consensuada con el tejido social de la ciudad.