• Una moción de urgencia impulsada por Fulgencio Gil abre la vía judicial contra la decisión del gobierno del PSOE de cerrar paulatinamente el trasvase. De momento, ya han recortado la mitad del agua que debía estar llegando a Lorca.

• Fulgencio Gil: "somos la comarca más perjudicada por una decisión injusta, temeraria y que ataca gravemente el modo de vida de miles de familias. De hecho, muchos agricultores se están viendo obligados a abandonar hectáreas de cultivo".

Una iniciativa del presidente del Partido Popular de Lorca y portavoz en el Ayuntamiento, Fulgencio Gil, ha conseguido que el Consistorio Municipal emprenda la elaboración y presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión de reducir el envío de agua del trasvase Tajo-Segura al municipio y comarca de Lorca, como consecuencia de la injusta y temeraria decisión adoptada por el gobierno central del PSOE.

Gil Jódar ha manifestado que vamos a seguir liderando la lucha por la defensa de los intereses de nuestros agricultores, de todo el sector primario, y de la comarca en su conjunto. La lucha va a seguir. Hemos estado junto a nuestra gente en las concentraciones y protestas, tanto en Murcia como en Madrid, incluso a las puertas del Palacio de la Moncloa, y ahora abrimos también la vía ante los tribunales de justicia. Nuestra iniciativa en el Pleno del Ayuntamiento ha conseguido su objetivo y vamos a estar muy pendientes de su recorrido porque nos estamos jugando mucho todos, no solo los profesionales del sector agroalimentario, sino que de este trabajo dependen el presente y el futuro socioeconómico de nuestra tierra.

El presidente del PP lorquino ya advertía a primera hora de la mañana que muchos agricultores ya se han visto obligados a abandonar definitivamente sus plantaciones. Se trata de hectáreas de cultivos cuya producción se había detenido ante la incertidumbre generada por las declaraciones de políticos socialistas en relación con un posible recorte del agua. Ahora, tras la confirmación de este recorte por parte del gobierno de Pedro Sánchez, han decidido abandonarlas de forma definitiva, ya que la alternativa que se les ofrece, recurrir al agua desalada para regar, resulta tan cara que es económicamente insostenible.

Así, ya tenemos sobre la mesa los primeros efectos del cierre gradual del trasvase, que tal y como han anticipado desde las cooperativas y empresas del sector primario, se va a traducir en una pérdida de puestos de trabajo en los próximos meses.

La presentación de este recurso ante el Supremo constituye la herramienta más contundente y efectiva que tenemos en estos momentos a nuestra disposición. Vamos a emprender la batalla jurídica, mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, en el que se expresa el rechazo de toda una comarca contra la decisión de reducir el envío de agua del trasvase a Lorca.

Hemos de aclarar que el cierre progresivo del trasvase impuesto por el PSOE no es solamente un problema de la agricultura, sino que nos va a afectar a todos. Las consecuencias conllevan pérdida de puestos de trabajo, deslocalización de empresas, abandono de hectáreas y hectáreas de tierras de cultivo por la afección a la competitividad, pérdida de cuotas de mercado nacional e internacional para empresas y cooperativas, deslocalización de empresas, pérdida de competitividad, incremento del precio del agua, despoblación en pedanías y vía libre a la desertización.

La mitad del volumen de agua que se trasvasa a día de hoy. La propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) estima que esta decisión puede suponer la pérdida de más de 12.000 hectáreas de regadío, la supresión de casi 140 millones de euros de producción y la pérdida de más 5.400 puestos de trabajo directos.

La injusta decisión adoptada unilateralmente por el gobierno socialista de Pedro Sánchez condena a los agricultores de nuestra comarca a afrontar un incremento inasumible económicamente del precio del agua, lo que ya está conllevando al abandono de hectáreas de cultivos por la inviabilidad de las plantaciones.

De acuerdo con los primeros cálculos, sólo en nuestro término municipal esta decisión se va a traducir en la pérdida de 5.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, además de 100 millones de euros en pérdidas económicas directas. Un reciente estudiode la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas y el Instituto Murciano de Investigación y desarrollo Agrario y Medioambiental, Imida, en el quese argumenta que se van a perder 21.500 puestos de trabajo en nuestra Región.