• Los agricultores se ven obligados a abandonar hectáreas de cultivos en todo el municipio ante la insostenibilidad económica de las plantaciones. No pueden hacer frente al gasto desproporcionado que supondría regar con agua desalada.

• Fulgencio Gil presenta una moción de urgencia en el Pleno del Consistorio Municipal para que el Ayuntamiento emprenda la vía judicial, como ya han hecho municipios como Cartagena, además de los gobiernos de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

El presidente del Partido Popular de Lorca y portavoz en el Ayuntamiento, Fulgencio Gil, ha anunciado la presentación de una moción de urgencia en el Pleno Municipal que se celebra esta mañana con el objetivo de que el Consistorio interponga un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión de reducir el envío de agua del trasvase Tajo-Segura al municipio y comarca de Lorca, como consecuencia de la injusta y temeraria decisión adoptada por el PSOE.

Gil Jódar ha informado que muchos agricultores ya se han visto obligados a abandonar definitivamente sus plantaciones. Se trata de hectáreas de cultivos cuya producción se había detenido ante la incertidumbre generada por las declaraciones de políticos socialistas en relación con un posible recorte del agua. Ahora, tras la confirmación de este recorte por parte del gobierno de Pedro Sánchez, han decidido abandonarlas de forma definitiva, ya que la alternativa que se les ofrece, recurrir al agua desalada para regar, resulta tan cara que es económicamente insostenible.

Así, ya tenemos sobre la mesa los primeros efectos del cierre gradual del trasvase, que tal y como han anticipado desde las cooperativas y empresas del sector primario, se va a traducir en una pérdida de puestos de trabajo en los próximos meses.

Ante esta situación, Fulgencio Gil ha manifestado que el Ayuntamiento de nuestra ciudad está obligado a defender los intereses de todos los ciudadanos. Muchas veces se ha afirmado que la historia de Lorca es la de la lucha por el agua, y ahora, por tanto, no podemos dar la batalla por perdida, sino seguir adelante para proteger a los lorquinos. La herramienta más contundente y efectiva que tenemos en estos momentos a nuestra disposición es emprender la batalla jurídica, mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, en el que se expresa el rechazo de toda una comarca contra la decisión de reducir el envío de agua del trasvase a Lorca.

Hemos de aclarar que el cierre progresivo del trasvase impuesto por el PSOE no es solamente un problema de la agricultura, sino que nos va a afectar a todos. Las consecuencias conllevan pérdida de puestos de trabajo, deslocalización de empresas, abandono de hectáreas y hectáreas de tierras de cultivo por la afección a la competitividad, pérdida de cuotas de mercado nacional e internacional para empresas y cooperativas, deslocalización de empresas, pérdida de competitividad, incremento del precio del agua, despoblación en pedanías y vía libre a la desertización.

La mitad del volumen de agua que se trasvasa a día de hoy. La propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) estima que esta decisión puede suponer la pérdida de más de 12.000 hectáreas de regadío, la supresión de casi 140 millones de euros de producción y la pérdida de más 5.400 puestos de trabajo directos.

La injusta decisión adoptada unilateralmente por el gobierno socialista de Pedro Sánchez condena a los agricultores de nuestra comarca a afrontar un incremento inasumible económicamente del precio del agua, lo que ya está conllevando al abandono de hectáreas de cultivos por la inviabilidad de las plantaciones.

De acuerdo con los primeros cálculos, sólo en nuestro término municipal esta decisión se va a traducir en la pérdida de 5.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, además de 100 millones de euros en pérdidas económicas directas. Un reciente estudiode la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas y el Instituto Murciano de Investigación y desarrollo Agrario y Medioambiental, Imida, en el quese argumenta que se van a perder 21.500 puestos de trabajo en nuestra Región.